El 10 de abril de 2017 era un día clave para el futuro del Banco Popular. Se celebraba una Junta General de Accionistas en la que la entidad se jugaba su futuro, sobre todo después del revés que supuso el hecho relevante del 3 de abril en el que se presentó al mercado una reexpresión de las cuentas de 2016 que apenas tuvo un impacto real sobre los resultados del banco. Sin embargo, el efecto fue demoledor.
Antes de celebrarse la Junta, tuvo lugar una reunión del Consejo de Administración en la que se aprobó un documento fundamental si se hubiesen llevado a efecto las medidas expuestas, algo que iba en contra de la estrategia de Emilio Saracho, la persona que, teóricamente, estaba obligado a hacer efectivas dichas medidas.
En ese Consejo, el secretario general técnico del Popular expuso el Plan de Capital del banco, un documento que dejó muy tranquilos a los consejeros y consejeras de la entidad, puesto que se exponía con claridad que el Popular disponía de medidas de desinversión de activos no estratégicos, titulizaciones o emisiones de deuda subordinada que hubiesen incrementado el capital de la entidad en 465 puntos básicos, o, lo que es equivalente, que Banco Popular, sin necesidad de realizar una nueva ampliación, tenía capacidad de generar más de 3.000 millones de euros de capital.
Parece obvio que el Consejo pudo sentirse tranquilo, sabiendo que el banco podía disponer de esas palancas internas. No cabe duda de que, como parte del plan trazado, los consejeros interesados en participar en una ampliación diseñada para ellos mismos percibieron que la oportunidad era única, porque el Popular atesoraba una posibilidad de generar capital y plusvalías latentes –no reflejadas en la contabilidad, pero existentes y concretables– que ellos mismos se las iban a quedar en su beneficio. El Plan era perfecto para estos accionistas interesados, pero, sobre todo, era una oportunidad para que el Popular pudiese salir adelante por sus propios medios, sin necesidad de ninguna operación corporativa.
Este Plan de Capital pone de manifiesto que Banco Popular disponía de medios internos suficientes para atender cualquier petición de las autoridades por sus propios medios. Ninguno de los consejeros pudo suponer que el banco se podría resolver en cuestión de semanas y que, además, el presidente de la entidad filtraba noticias negativas –tal y como se ha reconocido en la Audiencia Nacional– que le ayudaban a concluir su perverso plan.
A pesar de que las palabras que oyeron los consejeros debieron ser muy tranquilizadoras para ellos la euforia no duró mucho puesto que Emilio Saracho, durante su discurso en la Junta, en un discurso sin precedentes en la historia financiera, dijo que Banco Popular tendría que ser vendido o ampliar capital, es decir, lo contrario a lo aprobado por el Consejo.
Ese anuncio fue temerario porque Saracho no dio referencias para que el mercado pudiese evaluar ni el impacto del Plan de Capital ni a qué se destinaría la hipotética ampliación de capital.
Las consecuencias ya se conocen y fueron dramáticas, como cualquier banquero de inversión hubiese previsto: caída de la acción y salida masiva de depósitos.