Rodrigo Buenaventura, actual presidente de laCNMV, nombrado por Nadia Calviño, prestó declaración ayer en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Banco Popular. Buenaventura era director general de Mercados de la CNMV cuando ocurrieron los hechos, en junio de 2017. En ese momento, Sebastián Albella presidía el organismo supervisor.
Según fuentes consultadas por Diario16, la declaración de Buenaventura discurrió en torno a tres ejes.
En primer lugar, el juez Calama interrogó a Buenaventura por la diferente actuación de la CNMV en los casos del Popular y Liberbank respecto a las posiciones cortas. Buenaventura argumentó que, en el caso de Liberbank, se trataba de una entidad que podía resultar afectada por la resolución del Popular, por lo que, a diferencia de éste, decidieron suspender la cotización de Liberbank tres meses. En el caso del Popular, Buenaventura justificó las posiciones cortas en la crisis institucional y de resultados en la que vivía el banco a la llegada de Emilio Saracho y a la cobertura mediática negativa que acompañaba a la entidad.
El argumento de Buenaventura para dispensar tal trato discriminatorio resulta discutible a la luz de los resultados de la inacción de la CNMV en el caso del Popular y que llevaron a su venta por un euro al Santander, especialmente cuando afirmó que fue desde febrero de 2017 -coincidiendo con la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del Popular-, cuando más se incrementaron los ataques bajistas contra el Banco.
No se pude olvidar que la ocupación de un 12% del capital por ocupado por las posiciones cortas es un hecho sin precedentes y, aún así, la CNMV lo permitió
Además, la acusación encabezada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) precisamente culpa de la apertura de esas posiciones especulativas a las declaraciones on y off the record de Saracho, que causaron pánico entre inversores y depositantes.
El expediente de la CNMV
En segundo término, se trató el expediente abierto al Banco Popular, una vez que ya estaba en manos del Banco Santander, por la reexpresión de las cuentas que llevó a cabo Emilio Saracho en abril de 2017 y que fue el primero de los hechos clave señalado por los peritos del Banco de España para explicar la crisis de liquidez que acabó con el Banco Popular.
Dicho expediente estaba basado en el denominado Informe Razonado, que ha sido objeto de críticas diversas porque, según alegan los antiguos gestores del Banco, tal informe está lleno de imprecisiones y se aparta de la normativa contable y choca con los criterios impuestos por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). Buenaventura era uno de los directivos de la CNMV que había firmado el Informe que dio lugar a la apertura de dicho expediente contra los anteriores gestores y que fue inmediatamente suspendido por la CNMV, causando, no obstante gran revuelo.
Preguntado al respecto por el magistrado José Luis Calama Teixeira, Buenaventura se desentendió del Informe Razonado, diciendo que se limitó a suscribir un informe elaborado por otro director de la CNMV, Eduardo Manso, pero que no había entrado a valorar los trabajos previos realizados al respecto por el supervisor de los mercados.
En cualquier caso, no parece que la reexpresión de las cuentas pudiera haber acabado en una reformulación, y que hubiese bastado con un hecho relevante para dar cuenta del mismo.
La noticia de El Confidencial
El tercer bloque de preguntas a Buenaventura ha tenido que ver por la publicación en el diario El Confidencial, el 11 de mayo de 2017, de una noticia que determinó la salida masiva de depósitos que abocó al banco a su inviabilidad por un problema de liquidez.
Esa noticia decía que Emilio Saracho había puesto el banco en venta ante el riesgo inminente de quiebra. La CNMV abrió un expediente ante la noticia y requirió información al diario, archivando el expediente posteriormente. Banco Popular presentó una querella contra el medio de comunicación, que fue archivada también.
El asunto es de enorme transcendencia porque el exdirector general de Comunicación del Banco, Carlos Balado, declaró recientemente ante la Audiencia Nacional que la fuente de la noticia, que no era una filtración, había sido el propio Emilio Saracho, según le comunicaron los máximos responsables del diario.
Más recientemente, tal y como publicó Diario16 en exclusiva, el expresidente Ángel Ron, que fue sustituido por Saracho, aportó una grabación en la que un redactor de El Confidencialresponsabilizaba a Saracho de ser fuente de la noticia que determinó el destino final del Banco Popular, acelerando una salida masiva de depósitos.
Ante las preguntas sobre el expediente abierto por la CNMV, sorprendentemente Buenaventura afirmó que habían archivado el expediente contra el medio porque, aunque los términos de la noticia podían no reflejar la realidad, consideraron que el contenido de esta, en tanto había alusión a un proceso de venta, no era falso.
Duras reacciones
La reacción de los abogados de algunas acusaciones y de la defensa de algunos consejeros fueron durísimas. Se dio la circunstancia que el mismo día de la noticia el Banco Popular publicó un hecho relevante en la CNMV reafirmando su posición de solvencia (con más de 10.700 millones de euros de patrimonio) y el cumplimiento por exceso de los ratios de capital regulatorio.
Preguntado Buenaventura si tal hecho relevante era falso o había sido cuestionado por la CNMV, afirmó que la CNMV no había manifestado dudas al respecto, por lo que su testimonio cayó en supuesta evidencia, porque no era posible que la CNMV archivase el expediente contra el medio que anunciaba la inminente quiebra, cuando a la vez el Banco ratificaba su solvencia, que más tarde fue reafirmado por los peritos designados por el Banco de España en su Informe Pericial.
Las declaraciones de Buenaventura causaron la estupefacción del juez Calama, que manifestó su perplejidad ante la posibilidad de que un medio de comunicación pudiera poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero en base a informaciones no contrastadas y contrarias a lo que el Banco Popular declaró ese mismo día, sin que la CNMV lo cuestionase.
Se cierra un día más de declaraciones, en un proceso de investigación que dura ya cuatro años y en el que la participación de las autoridades de supervisión y de resolución en nada contribuyen a arrojar luz al enigma que se le plantea al juez instructor. ¿Por qué un banco solvente y viable fue intervenido y vendido por un euro al Banco Santander, cuando contaba con un patrimonio de once mil millones de euros y beneficios ordinarios operativos de más de mil millones de euros anuales?