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Histórico juicio penal en junio contra la Diputación de Bizkaia por arrebatar su hija a Irune Costumero

La ONU, el Ministerio de Igualdad y el Congreso, en el debate sobre la Ley de Infancia, han solicitado que la menor vuelva con su madre, a la que le quitaron a su hija por el ya prohibido Síndrome de Alienación Parental

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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El 7 de junio comenzará el juicio contra el Servicio de Menores de la Diputación de Bizkaia por arrebatar por la fuerza su hija a Irune Costumero por el prohibido Síndrome de Alienación Parental. La Audiencia provincial ha reservado tres días para el juicio, el 7, 8 y 9 de junio respectivamente. Un proceso que será histórico porque puede marcar jurisprudencia por aplicas medidas prohibidas contra una mujer por el falso Síndrome de Alienación Parental.

Cuatro años después de que esta madre coraje perdiera a su hija por decisión del servicio de menor de su provincia, se celebra este juicio tras la imputación por estos hechos contra el Diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y los responsables del servicio del menor de la institución foral, Maria Antonia Giner Cucarella: Jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia;  Consuelo Alonso Vergara: Jefa del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia y  Maika Urutxurtu, trabajadora social del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia.

En estos años de lucha de Irune Costumero, su grito desgarrador tras ver cómo le arrebatan a su hija por la fuerza, ha permitido dar a conocer su caso y gracias a ello ha contado con el apoyo de la ONU, que envió un duro escrito al Gobierno de España por estos hechos, así como del propio Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero, y con un protagonismo en el Congreso gracias a la intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua y al ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Las penas por estos delitos van desde los 5 años, 8 meses y 2 días de cárcel hasta los 15 años de inhabilitación . Además, la Diputación de Bizkaia, por esta querella, se ha visto obligada a depositar en el juzgado de forma solidaria 600.000€.

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