La reforma laboral acordada el pasado jueves entre patronal, Gobierno y sindicatos ha generado puntos de discrepancia y de triunfalismo a partes iguales. Era de esperar que el Partido Popular se pusiera en contra para defender la que firmó Mariano Rajoy sin ningún tipo de consenso y aplicando todas las reivindicaciones empresariales. Pablo Casado llegó a amenazar con recuperar el modelo insolidario y de sacrificio de los derechos de los trabajadores impuesto por el PP en 2012 si algún día llega a la Moncloa.
Sin embargo, la crítica más dura ha llegado, precisamente, de los trabajadores y de los sindicatos que aún siguen creyendo en la lucha de clases para lograr los derechos que las élites pretenden eliminar.
Uno de los más críticos ha sido el sindicato CGT quien, a través de un comunicado, ha sido extremadamente duro con la reforma laboral de Pedro Sánchez porque "se olvida de muchos aspectos dañinos para los trabajadores", por lo que la considera "insuficiente y una tomadora de pelo a la clase trabajadora".
En concreto, CGT señala que no resuelve los problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras (pese a la tasa de paro existente) o la cesión de personas trabajadoras por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
El sindicato critica que la nueva reforma laboral "no haya conseguido retornar a la situación que había en 2012 y ni mucho menos a la de 201O", antes de las últimas reformas laborales aprobadas por los anteriores Gobiernos.
Además, CGT destaca el establecimiento de un nuevo artículo, el 47 Bis, que incluye el llamado "mecanismo RED de flexibilización y estabilización", para que cuando se den causas cíclicas o sectoriales, el Consejo de Ministros pueda activar esta herramienta para que las empresas se acojan a las medidas de suspensión o reducción de jornada ante la autoridad laboral.
Respecto a esta medida, el sindicato advierte de que se trata de una prestación específica para las personas trabajadoras afectadas, que no consumirá cotizaciones pero que tampoco garantiza el 100% del salario, mientras que las empresas, por su parte, mantendrán las bonificaciones en cotizaciones, que van en función de la causa suspensiva con la única condición de dotar de formación a los trabajadores.
Por otro lado, CGT afirma que la priorización de los convenios de empresa sobre los sectoriales solo desaparece en materia salarial, pero se mantiene en el resto de aspectos, al mismo tiempo que no se modifica la redacción de las causas del despido de la reforma laboral de Rajoy, ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la misma.
El sindicato añade que tampoco "se restablecen las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación que la reforma del Partido Popular alteró y que produjo un abuso del despido libre sin mayor consecuencia para la clase empresarial".