El Partido Popular tiene una obsesión con los muertos que espatológica, sobre todo por la obsesiva utilización de éstos, independientementede dónde vengan, para ganar apoyos electorales y para echarlos en la cara de laizquierda. Desde que murió el dictador Francisco Franco, los ejemplos de ellohan sido ya demasiados. Sin embargo, parece que en el PP lo tienen en el ADN.Ahora, en plena crisis del coronavirus, los dirigentes populares no han dudadoutilizar a las personas fallecidas por el Covid19 como arma para dispararcontra el gobierno.
Uno de los últimos ejemplos se dio en el Congreso de losDiputados, durante la sesión de control al Gobierno, en la que el secretariogeneral del partido conservador ha culpado y responsabilizado al vicepresidentePablo Iglesias de los mayores muertos en las residencias.
Teodoro García Egea olvida que las condiciones de lasresidencias de mayores son la consecuencia de las políticas privatizadoras o deconciertos con empresas privadas. Este modelo ha saltado por los aires con lacrisis sanitaria y las muertes que se han producido en las residencias. Lomismo que ha ocurrido con la sanidad y la falta de medios. El secretariogeneral del PP, en vez de acusar a Pablo Iglesias, más bien podría lanzar susdardos contra su partido y contra las administraciones autonómicas que gobiernaen la actualidad porque, al fin y al cabo, son las que tienen las competencias.
Las políticas privatizadoras han provocado que los centrosdonde viven las personas mayores estén controlados por grandes aseguradorascomo Sanitas, Fiatc, Santa Lucía o Caser que, a través de filiales, pretendencompetir con grandes multinacionales como Amavir u Orpea, además de los grandesfondos de capital riesgo como ICG.
El sector factura aproximadamente 5.000 millones de euros alaño y el coste por residente está situado en 1.900 euros, una cantidad que estámuy lejos de cualquier familia española. ¿Qué persona mayor, que ha trabajadodurante toda su vida, tiene una pensión de más de 2.000 euros? Muy pocos. Portanto, es el Estado el que está obligado a cubrir esa necesidad real delpueblo, cueste lo que cueste. Cuando está en juego la vida de una persona, losbeneficios empresariales (sobre todo si son de grandes multinacionales) debenquedar en un segundo término. Sin embargo, la ideología neoliberal que alumbraal PP ha antepuesto claramente las ganancias de esas empresas a las necesidadesde las personas mayores. Las consecuencias de ese modelo, las hemos estadoviendo durante la crisis del coronavirus.
Teodoro García Egea, antes de ensuciar con acusacionesfalsas y mezquinas el ambiente del lugar donde reside la soberanía popular,debería mirar a los gobiernos regionales y municipales del PP. En la Comunidadde Madrid, por ejemplo, el 71,7% de los fallecidos por Covid19 en la regiónfueron residentes en centros de personas mayores. Ponemos como referencia aesta autonomía porque es el paradigma del sistema privatizador de lasresidencias de la tercera edad.
En la Comunidad de Madrid ya sólo quedan 25 residenciastotalmente públicas, lo que supone solo un 5,2% del total de los centros. Elhecho de que casi la totalidad de las residencias sean de gestión privada dejaa los mayores en una situación de dependencia absoluta de la cuenta deexplotación de las grandes aseguradoras, multinacionales o fondos que lasgestionan.
La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto cómo, enmuchos casos, no se han suplido las bajas de los y las trabajadoras que secontagiaban del virus, y eso es una consecuencia de la dependencia de larentabilidad respecto al cuidado de las personas.
En el mes de febrero, por ejemplo, la propia Comunidad deMadrid inició los trámites para la retirada de la concesión de gestión de unaresidencia en el barrio de Usera a la multinacional DomusVi debido a laacumulación de sanciones desde el año 2014 que sumaban más de 100.000 euros enmultas. La gota que colmó el vaso fue la subcontratación de trabajadores, algoque estaba prohibido en los pliegos. Otra gran empresa que superó los límiteshasta de la Comunidad de Madrid fue Alaria.
El diario El País publicó en octubre de 2019 unreportaje donde se pudo comprobar que, de los 130 centros sociales sancionadospor la autonomía madrileña, 96 eran residencias de mayores y 6 centros de día.Desde el año 2013, según datos oficiales, en Madrid se han abierto 167expedientes sancionadores por incumplir la ley, a lo que hay que añadir lasmultas por infracción de los contratos de concesión. Sin embargo, la granmayoría de estos centros no fueron cerrados, salvo casos excepcionales.
Entonces, señor García Egea, ¿de quién es la culpa de losmuertos en las residencias? ¿El vicepresidente Iglesias? Rotundamente no. ¿Lasmultinacionales que gestionan las residencias o la administración pública quese lo permite? No se puede defender lo que, eufemísticamente, el PP llama«colaboración público-privada» (que no es otra cosa que una privatizaciónencubierta de los recursos del pueblo), y, cuando el sistema falla o provocamuertes, culpar a la izquierda, un método muy propio de la derecha española.
Si el PP está pidiendo que rueden cabezas por la gestión delGobierno, entonces deberían aplicarse una terapia de autocrítica y reconocerque han puesto en riesgo la vida de millones de personas por lasprivatizaciones y los recortes. No culpen a Iglesias ni a Sánchez, no vean lapaja en el ojo ajeno y obvien la viga en el suyo, algo muy propio de fariseos,como se afirma en el Nuevo Testamento.