Hay veces que las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace son tan evidentes que hasta chirrían en los oídos del más pintado. Alberto Núñez Feijóo no se da cuenta de la barbaridad que dijo durante su investidura parlamentaria. Quiere una ley que penalice la deslealtad constitucional o institucional, términos que utilizó indistintamente durante su discurso de investidura, cuando su partido es el primero que incumple la Constitución al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial que hasta en Bruselas han exigido con carácter de urgencia, como sea, y que, posteriormente, se discuta un nuevo sistema de designación si es que ha lugar a esta discusión. Los primeros desleales son ellos. Los primeros que deberían ir a la cárcel por incumplir la Constitución son ellos por desobediencia de mandato. Tal y como fueron considerados los líderes del procès, los dirigentes del PP son los primeros que incumplen y desobedecen. Sus propuestas se vuelven contra ellos.
En el PP aclaran que esta “deslealtad institucional” a la que se refieren se encamina a cubrir el hueco que dejó el delito de sedición. En otras palabras, buscan reprimir los separatismos. Así, desde luego es imposible que le apoyen ni PNV, Junts per Catalunya, Bildu o ERC. Por mucho que el gallego presuma de que podía haber logrado los votos de sus diputados.
Pero es que hay más. La sedición se definía en el Código Penal como “un quebrantamiento contra el orden público que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes, o impedir a una autoridad o funcionario público el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones”. Una definición que los juristas califican de “anacrónica” y “escasamente clarificadora”. Y fue por tal motivo por lo que en la anterior legislatura se decidió su derogación. Si ahora lo que se pretende es prohibir decisiones y comportamientos desleales a la Constitución estaríamos aprobando una norma que se solapa con otro delito: la desobediencia, que es en la que el Supremo, finalmente, se basó para castigar a los independentistas catalanes.
Por lo cual no queda duda alguna de que, primero, el PP desconoce las implicaciones de esta propuesta que, seguramente, presentarán en el Congreso como una proposición de ley a pesar de no alzarse con el gobierno. Y, en segundo lugar, los estrategas del Partido Popular deberán tener en cuenta que, o bien afinan en la redacción de la nueva regulación que pretenden, o la ley puede volverse en su contra.
Más escandalosa que la actitud de los líderes del procès en 2017 es la que mantiene el Partido Popular en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial porque su renovación lleva paralizada desde hace 18 meses. Un organismo que lleva casi cinco años caducado y cuya única alternativa propuesta por Núñez Feijóo es desbloquear la situación cuando se haya aprobado una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que recupera el antiguo sistema de elección de los vocales anterior a 1985, el llamado “sistema Sainz de Robles” en recuerdo al primer presidente del órgano de los jueces tras el franquismo. El sistema que, efectivamente, ideó Federico Carlos Sainz de Robles consistía en una elección corporativa de los vocales. Doce de los veinte miembros eran escogidos por los jueces que se encuentran en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el sufragio por correo.
Pero ahora se pretende ir más lejos. Se quiere que sean todos, los veinte vocales, los elegidos por los jueces, lo que ha dado lugar a que algunos juristas hayan avisado de que tal idea es inconstitucional. Y ahí viene el grave problema de la vía propuesta por el PP. Si los populares se atreven a presentar una proposición de ley que reforma la orgánica del Poder Judicial, en el supuesto de que fuese aprobada por la mayoría parlamentaria, cosa improbable dada la composición de fuerzas del Congreso de los Diputados, se tardaría casi un año entre los trámites del Congreso y Senado, a no ser que se optase por la “formula express” debido a la urgencia justificada.
Tampoco se ganaría mucho tiempo empleando esa fórmula. A lo sumo, del año de trámite se pasaría a unos seis meses. Pero luego hay que tener en cuenta que se presentaría un recurso de inconstitucionalidad probablemente con la petición de “medidas cautelarisimas” y la Corte de Garantías no tendría mas remedio que aceptar esas medidas porque ya existe el precedente de la reforma de elección de los magistrados del TC que los populares paralizaron gracias a las controvertidas “medidas cautelarisimas”, una injerencia en las competencias del Parlamento.
Así pues, la reforma pretendida por el Partido Popular tardaría al menos un par de años en recibir el visto bueno “de las instituciones”. Dos años más con un Consejo General del Poder Judicial paralizado y, por lo tanto, sin posibilidad de efectuar nombramientos en los altos tribunales: Supremo, Audiencia Nacional, superiores de justicia y audiencias provinciales. Si tenemos en cuenta que en dos años habrá muchos magistrados que se retirarán, jubilarán, o morirán, la precariedad de medios humanos con que cuentan esas instituciones seguirá agudizándose cada vez más.
En Génova insisten en que así lo quiere Bruselas, pero no es verdad. La Comisión Europea exige que se renueve el órgano de gobierno de los jueces inmediatamente por el sistema vigente y que, posteriormente, se proceda a sustituirlo por uno nuevo donde se tenga en cuenta “a jueces y magistrados para la designación”. Nunca han hablado claramente de que sean los jueces y magistrados los que elijan directamente a los vocales del CGPJ.
Mejor será que Núñez Feijóo tire a la papelera una idea digna de Abundio, ese que asaba la manteca, por si no quiere acabar probando su propia medicina. Cosa de la que, por cierto, los populares están acostumbrados: Gürtel, Púnica, Lezo, Villarejo, policía política…
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