La fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, está enfrentada abiertamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No es ni la primera ni la única dentro del ministerio público que forma parte de lo que ya se conoce como “los nuevos rebeldes” recordando a los de la Audiencia Nacional que, en la última década del siglo pasado, se enfrentaron abiertamente con sus superiores. Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo, Jesús Santos y Eduardo Fungairiño, acabaron más o menos vinculados al Partido Popular. Y nadie olvida la rebelión que sacudió los cimientos de la propia institución.
Ahora la refriega llega mucho más allá: desde las fiscalías provinciales y autonómicas hasta el Supremo. El objetivo es acabar con “el fiscal general dimitido y en la cárcel”, según las expresiones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Y lo peor no es eso. Los jueces se están entrometiendo en esta pelea. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en lugar de remitir la causa sobre revelación de secretos en el caso González Amador, lo retiene, cita a declarar al fiscal encargado del caso, Julián Salto, y a la fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra quienes iba la querella de la pareja de Ayuso, y de su entorno salen las filtraciones interesadas sobre las órdenes que se dieron a Lastra y que esta no secundó a pesar de que procedían de un superior jerárquico.
La guerra de Lastra tiene, también, un importante actor secundario, los responsables de su gabinete de prensa cuyo personal depende de la Comunidad Autónoma, incomprensiblemente, y que se negaron a secundar las órdenes de García Ortiz cuando les exigió la publicación de un comunicado desmintiendo el bulo en el cual se señalaba que el abogado de González Amador no había llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal del caso “porque este se echó atrás al recibir órdenes superiores” lo que se interpreta como que hubo una injerencia política. Mas o menos, que había intervenido Moncloa para paralizar el pacto. Lo que no se entiende es que ese servicio de prensa dependa de la CAM. Eso sí que es inmiscuirse en el poder judicial. Ahora se ha conocido, según la declaración de Lastra, que su jefe de prensa amenazó con dimitir si se hacía público ese comunicado. Todo empieza a encajar.
Y todo esto se está produciendo gracias a los jueces que parecen estar divirtiéndose, observando este vergonzoso enfrentamiento en la carrera fiscal donde unos y otros se tiran a la yugular. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue sin trasladar al Supremo la causa a pesar de que hay un “autoinculpado” que sólo puede ser investigado por la alta instancia judicial al estar aforado. Y sigue llamando a declarar a los denunciados para preguntarles que de dónde partió la orden del comunicado insistiendo en sus autos en la existencia de revelación de secretos.
El comunicado no deja lugar a dudas. No existe tal revelación de secretos. Es un escrito aséptico, aunque los medios de comunicación afines a la derecha judicial aseguran que hay “revelación de datos reservados” que no aparecen por ninguna parte. El comunicado empieza describiendo que el día 2 de febrero de 2024, “el letrado defensor de D. Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la fiscalía provincial de Madrid para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021.
A partir de ahí, el comunicado se limita a exponer la cronología de unos hechos que ya habían sido publicados. Es más, en la nota se menciona la existencia de otros imputados en la denuncia interpuesta: “el día 13 de febrero de 2024 el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra el Sr. González Amador y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil”. En ningún caso se relatan las relaciones que pudo haber entre González Amador y los otros investigados, tanto en lo que se refiere a las personas físicas como jurídicas. El comunicado es manifiestamente objetivo.
La fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, argumentó, para negarse a difundir el comunicado, que creía que no eran necesarios tantos datos para desmentir una información falsa. Datos innecesarios, según la fiscal superior de Madrid, como incluir los correos o el reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso.
Aquí mismo ya se ha dicho que no se puede llegar a un acuerdo de conformidad mientras no medie un juicio. Y lo único que había en esos momentos es una denuncia. En el comunicado se explica que “el 12 de febrero de 2024 el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor del Sr. González Amador y le manifestó que tomaba nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”. Y se añade que, un mes después, “el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del Sr. González Amador para facilitarle el derecho de defensa y le reiteró que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal”.
Por más vueltas que se dé al escrito, no aparece indicio alguno ni de la revelación de los datos personales de los denunciados ni de ninguna actuación letrada que no se corresponda con la práctica habitual en casos de defensa. Tampoco se puede argumentar que se ha roto la cadena de confidencialidad que debe existir en las relaciones de la Agencia Tributaria con los contribuyentes ya que el caso ya había sido puesto en manos del decanato de los juzgados mediante denuncia. Y cuando media denuncia, la confidencialidad pasa a un segundo plano porque se está hablando de la comisión de un delito. Es como si un estafador exigiera el anonimato de los delitos por los que fue denunciado.
Pero la gravedad de este asunto reside en la injerencia de los jueces en un asunto que tiene todas las trazas de enfrentamiento entre los fiscales. La famosa guerra contra García Ortiz en la que no sólo intervienen muchos cualificados miembros de la carrera fiscal sino también políticos y, lo más grave, los jueces mediante una serie de acciones muy sutiles pero contundentes. Por poner un último ejemplo: la dilación en remitir al Supremo la causa está generando filtraciones interesadas e ilegales como es la declaración de Almudena Lastra ante el instructor del TSJM.
El juez Aguirre toma la delantera en el plan para excluir a Puigdemont de la amnistía. Mónica Oltra encara el banquillo a pesar de que el juez instructor reitera que no hay indicios de delito. El juez del caso de Begoña Gómez cita ahora como testigo al rector de la Complutense sin explicar el motivo. Y así todos los días. La judicatura española, se ha alzado en rebeldía contra el Estado de Derecho. La ciudadanía observa asombrada cómo desaparece la seguridad jurídica, cómo las bases del derecho desaparecen, y todo acto judicial depende de las inclinaciones personales del juez. Para esto, no hace falta estudiar una carrera. ¿Dónde están el resto de jueces, que no denuncian la situación?
España se está volviendo ingobernable. Orden y contraorden, igual a desorden. Este país es un cortijo de señoritos con un ego inabarcable que merecen un castigo ejempla.r.