La sentencia dictada ayer por los tres magistrados del Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) es contundente y no deja lugar a dudas: "En el ordenamiento jurídico belga, la conducta (de Josep Miquel Arenas) no es punible". Y partiendo de esta base, como es lógico al no darse el principio de la doble incriminación, no se puede producir la extradición.
En España, sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que Valtonyc había cometido tres delitos: enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Un total de tres años y medio de prisión.
Ninguno de los tres delitos se aplicarían en Bélgica para los hechos acontecidos. Ni siquiera existen ya las injurias a la corona (por la modificación hecha a raíz del caso Valtonyc) y tampoco existe el enaltecimiento del terrorismo ni la humillación de las víctimas como delitos.
Reacción de Amnistía Internacional
Es evidente que algo sucede cuando un joven rapero puede vivir en libertad en Bruselas y en España estaría en prisión. Y después de las dos sentencias dictadas en el mismo sentido por la justicia belga (añadiendo además la del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la legislación al respecto de las injurias a la corona), ahora la mirada se dirige hacia España.
Amnistía Internacional exige al Estado español que se lleven a cambio los cambios necesarios en materia de derechos humanos ante la evidencia que ha puesto de manifiesto el caso Valtonyc. Se pone así el foco sobre la necesidad de armonizar la legislación con las normas internacionales de derechos humanos, suprimiendo del Código Penal los delitos como el de enaltecimiento del terrorismo y el de injurias a la corona, puesto que restringen indebidamente la libertad de expresión.
Insisten además en que España debería haber retirado la euroorden contra el cantante desde el principio.