El
Tribunal Supremo tendrá la última palabra, pero hasta que llegue ese día ya se puede afirmar, con la contundente sentencia en la mano de la
pieza política de los ERE irregulares tras
un año de juicio y 152 sesiones, que Andalucía estuvo gobernada durante al menos una década (entre los años 2000 y 2009) por un equipo de
políticos y funcionarios prevaricadores y malversadores de fondos públicos.
Condenados a seis y siete años de cárcel el ex presidente Griñán y otros nueve ex consejeros y ex altos cargos de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009
Así lo confirma la
sentencia comunicada a las partes este martes 19 de noviembre a mediodía y hecha pública apenas una hora después, tras evitarse las filtraciones a los medios.
Diez de los 21 altos cargos acusados irán a prisión, con penas que van de los
seis años del ex presidente José Antonio Griñán a los siete años de otros ex consejeros y altos cargos como Francisco Javier Guerrero, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Agustín Barberá, Juan Márquez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. También el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano ha sido condenado a seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años.El resto de condenados a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación son: Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete, Antonio Vicente Lozano, José Salgueiro, la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, el ex consejero Gaspar Zarrías y el ex presidente andaluz durante 19 años Manuel Chaves, que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial, con la consiguiente privación definitiva de todo cargo público en cualquier administración pública.La rotunda sentencia dictada por los magistrados José Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez, de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, con más de 1.700 folios y elaborada durante casi un año –el fallo se conoce 333 días después de quedar visto para sentencia el pasado 17 de diciembre de 2018–, deja claro que la Administración andaluza y sus máximos dirigentes actuaron al margen de la legalidad vigente con el dinero de todos los andaluces sin control alguno que frenara tales desmanes.El fallo recuerda que Griñán, el ex presidente condenado a seis años de prisión e inhabilitación de cargo público, mientras fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, su departamento permitió que se siguiera haciendo “uso inadecuado” de las transferencias de financiación de las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 31L en lo relativo a las transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).Dos ex presidentes andaluces que han gobernado esta autonomía durante más de dos décadas, seis ex consejeros y otros 13 altos cargos han sido condenados a duras penas de prisión e inhabilitación para cargo público. La Fiscalía ha reclamado condenas de diez años de inhabilitación para los 21 ex altos cargos, y para 15 de ellos además solicita una pena de entre seis y ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos, entre ellos el ex presidente andaluz José Antonio Griñán. El fallo, con penas muy cercanas a la petición del Ministerio Público, confirma la gravedad de los hechos juzgados.
La sentencia confirma penas muy cercanas a la petición de la Fiscalía para 19 de los 21 imputados en la pieza política de los ERE
Pero el caso ERE no acaba con esta sentencia de la pieza política, ya que existen numerosas bifurcaciones que han tenido hasta hoy un recorrido judicial desigual desde que emprendiera la investigación del denominado caso Mercasevilla en enero de 2011 la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya. Un total de 507 imputados y 146 piezas siguen su proceso judicial en los juzgados de Sevilla actualmente, por lo que la pieza política sólo es una parte de toda la investigación judicial.No estamos ante el prototípico caso de corrupción política e institucional para beneficio propio ni de cuentas opacas en paraísos fiscales, pero sí se ha juzgado el posible entramado de una red pública de carácter clientelar al margen del control del Parlamento de Andalucía, donde reside la soberanía de todos los andaluces.Esta red hacía uso de las denominadas “transferencias de financiación” –aprobados por la Consejería de Hacienda y ejecutados por la de Empleo a través de la agencia pública Idea– para supuestamente beneficiar a empresas en crisis con el objetivo de mantener la paz social en Andalucía. Este propósito inicial tornó en un entramado opaco que posibilitó que grandes sumas de dinero fuesen a parar a bolsillos no necesitados sin que la Administración andaluza hubiera ejercido el más mínimo control sobre el destino final de estos millones de euros a los que se les ha perdido la pista. Intrusos, empresas sin los requisitos necesarios para presentar un ERE y otros intermediarios como consultoras y aseguradoras encargadas en la mediación del pago de las subvenciones se beneficiaron ilícitamente del sistema, según las acusaciones.La Guardia Civil ha podido detectar el destino de una pequeña parte de los 680 millones defraudados. Algo más de 12 millones fue a parar a los intrusos, otros 73 millones a empresas y 60 millones más para consultoras, bufetes y aseguradoras. Las ayudas públicas a empresas en crisis creadas a través de una caja especial sin control alguno por parte de los organismos fiscalizadores de la Junta sirvieron para malversar 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009.Los 21 imputados en esta pieza política de los ERE se han sentado en el banquillo de los acusados después de un larguísimo proceso de investigación judicial que tuvo un origen muy concreto. Dos empresarios hosteleros de Sevilla decidieron grabar en el año 2009 a los entonces directivos de Mercasevilla, la lonja municipal de la capital andaluza. De esta decisión se pudo destapar que dos de estos exdirectivos intentaron cobrar una comisión ilegal de casi medio millón de euros a unos empresarios a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.La investigación judicial también destapó la supuesta venta irregular de unos terrenos de esta empresa pública así como la existencia de un ‘intruso’ con carnet de militante del PSOE como beneficiario de uno de los expedientes de regulación de empleo que nunca trabajó en Mercasevilla. La juez Alaya abrió el 9 de enero de 2011 el ‘caso ERE’ después de detectar nuevos ‘intrusos’ en otros ERE de la Junta. Poco antes, el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero declaró a la Policía que la partida presupuestaria de la que procedían las ayudas que se repartían entre empresas en crisis sin control legal alguno era conocida como “fondo de reptiles”.
