- Que en ningún momento ningún juez ni órgano jurisdiccional me ha comunicado resolución judicial alguna en la que se establezca que me hallo en situación de persona investigada, en los términos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a las actuaciones judiciales abiertas por el proceso de fusión de Banca Cívica.
- Que en ningún momento he sido llamado a declarar ni he sido objeto de requerimiento judicial alguno relativo a dichas actuaciones, que tienen su origen en una denuncia dirigida contra el Consejo de Administración de Banca Cívica, cuyo archivo ha sido decretado ya dos veces por la Audiencia Nacional.
- Que, a raíz de dicha denuncia, por voluntad propia, mi representación procesal ejerció el derecho a personarse en las actuaciones, a los simples efectos de tener conocimiento de las mismas y, en su caso, de ejercer mi derecho a la defensa.
- Dicha mera personación no puede, en modo alguno, interpretarse en el sentido de estar siendo sometido a imputación alguna de hechos delictivos, extremo que fue el que expresé en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados en la convicción de estar contestando la verdad de los hechos, que fue siempre mi intención, en cumplimiento de la ley y del debido respeto y consideración a la Cámara que representa la soberanía de los españoles.
- A los efectos aclaratorios oportunos, he dirigido un escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados con todos los detalles relativos a este asunto.
En estos meses se está desarrollando en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. En el marco de esta Comisión, compareció el pasado 27 de febrero el ex presidente de Cajasol y ex copresidente de Banca Cívica, Antonio Pulido. En dicha comparecencia se acusó a Pulido de haber mentido a la Comisión al decir que él no estaba imputado por la Audiencia Nacional al ser mencionada dicha imputación por el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero.Hay que recordar que mentir en una Comisión de Investigación está penado con pena de prisión de 6 meses a un año de cárcel.La propia presidenta de la Comisión de Investigación, la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas, ha solicitado a la Audiencia Nacional la confirmación de la imputación, algo que, según informa El Periódico de Cataluña, ya le ha sido comunicado de manera informal.Esta situación ha provocado que Antonio Pulido haya emitido un comunicado en el que afirma lo siguiente:En relación con determinadas informaciones relativas a mi comparecencia el pasado 27 de febrero en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, y en aras a la mayor claridad y transparencia, deseo expresar lo siguiente:
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