Anulan el intento de la Policía Nacional de un "whatsapp" interno y vigilado

El intento de la Dirección General de la Policía Nacional de implantar por imposición un sistema interno parecido al de whatsapp para sus comunicaciones oficiales ha sido anulado momentáneamente después de las protestas de la Asociación Reformista de la Policía, de las que este diario se hizo eco a través de este artículo de opinión.En declaraciones a Diario 16 por parte del portavoz de la Asociación, Luis Miguel Lorente Moreno, el intento de imponer una aplicación de mensajería IMBOX y la prohibición de uso de otras aplicaciones como whatsap, telegram o line, para la comunicación interna entre los policías.Para ARP se trataba de la violación de un derecho laboral como es el de la "desconexión digital", que en Francia ya está legislado y que en España se está desarrollando por parte del Gobierno. Además, existe una Sentencia del Tribunal Supremo que establece la no obligatoriedad de dar el número de teléfono móvil personal, dirección, ni email a la empresa que, con esta medida no se iba a cumplir.Esta asociación de policía también ha mostrado sus quejas al respecto de que se utilice el teléfono móvil particular para uso profesional sin recibir remuneración alguna al respecto. Para ARP es fundamental un estudio sobre la necesidad de poder ofrecer un terminal de empresa a los funcionarios que así lo necesiten para su labor policial. De momento este derecho está limitado en la Policía Nacional a un número concreto de mandos, sin transparencia alguna.La Asociación Reformista de Policías considera que el desarrollo de la implantación de IMBOX debería haberse comunicado a los policías con anterioridad, así como haber sido consultada con las organizaciones sindicales. De esta manera, la Dirección General de Policía no hubiera tenido que echar marcha atrás ante el debate generado por ARP y la indignación generalizada entre los policías tras el recibo de los emails.ARP va a preguntar en las próximas horas al Director General de la Policía sobre la inversión prevista para este sistema interno de comunicación que, en principio, no se tiene constancia de que haya sido contratada mediante licitación ni previsión de gasto. Desde la Asociación se cuestionan si cabría pensar que la DGP ha dado marcha atrás con esta medida por temor al escándalo económico que podía involucrar al Ministerio del Interior al intentar privatizar las comunicaciones profesionales. En este sentido, Luis Miguel Lorente señala la importancia de regular las comunicaciones profesionales con sentido institucional, sin costes para los policías con garantía de defensa de sus derechos y, por supuesto, de la ciudadanía al ordenarse qué tipo de datos son susceptibles de ser transmitidos.