Las principales asociaciones de jueces de España han calificado de "maquillaje" el plan anticorrupción presentado por Pedro Sánchez.
Las medidas son redundantes o ya existen
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que las medidas son redundantes o ya existen, y critican que el plan carece de voluntad política real y de los recursos necesarios para ser efectivo.
Lo que hace falta son más medios
La presidenta de la APM,María Jesús del Barco, afirma que el plan es “maquillaje” porque, aunque se endurezcan las penas, “de poco sirve si luego van a indultar o amnistiar a los condenados”, en referencia a precedentes como el ‘procés’.
Además, señala que la responsabilidad de los partidos políticos ya está definida legalmente: "Quizá falta asumirla", subraya.
Reclama más medios para jueces, fuerzas de seguridad y para la investigación y enjuiciamiento de la corrupción.
La Agencia de Integridad Pública no responde a ninguna necesidad
Desde la AJFV, Sergio Oliva, insiste en que muchas medidas son “redundantes o ya están vigentes” y que la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública no responde a una necesidad real, pues ya existen órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas.
"Se corre el riesgo de que estemos ante medidas de maquillaje", indica.
Oliva critica, en primer lugar, que las medidas anunciadas no están acompañadas de presupuesto", defendiendo que "sin dotación de medios materiales y personales", por ejemplo, "no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos, dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores" según recoge Iustel.
En este sentido, consideran que sin dotación presupuestaria clara, el plan carecerá de eficacia.
Oliva punta que muchas medidas "son redundantes o ya están vigentes", precisando que "la protección a los denunciantes ya está contemplada", "el decomiso de bienes ya es posible" y que "también existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la administración". "Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing", lanza.
"Para combatir realmente la corrupción, no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas, si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal". "Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo -especialmente en casos que pueden afectarle directamente-, medidas como otorgarle la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes".
Oliva considera que "en el lado positivo", valora que "se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública" pero afea igualmente que "no se menciona el acceso al código fuente de esas herramientas de inteligencia artificial", ya que -en su opinión- "sin transparencia tecnológica esa participación puede quedarse en lo superficial".
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reconoce la utilidad de algunas propuestas, pero subraya que su eficacia dependerá del desarrollo, el debate público y el respaldo presupuestario, reclamando igualmente más recursos para la administración de justicia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, estima que "las medidas propuestas hoy por el presidente del Gobierno pueden ser útiles para la lucha contra la corrupción", pero que "precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la administración de justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad".
Rodríguez considera "interesante" que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción, si bien subraya que "lo esencial es que, por un lado, se aumenten los plazos máximos de instrucción" y, por otro, "que se fomente una investigación ágil, con equipos multidisciplinares compuestos por fiscales, inspectores de hacienda, expertos y policías, más que especializar los órganos judiciales de enjuiciamiento, que hasta la fecha realizan una labor razonable". También ve "adecuado" poner el acento en "las empresas corruptoras", aunque advierte de que "la solución no es incrementar las penas, que ya son bastante elevadas", sino adoptar otras "medidas disuasorias", "además de las sugeridas".
Propone que "no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones".
Considera "acertado" que se eleve "la exigencia en las adjudicaciones", "tomando como referencia el modo en que las hace la UE"; que sea la Fiscalía quien compruebe la "verosimilitud" de las acusaciones realizadas por los denunciantes para "evitar que puedan prosperar denuncias falsas"; y que se introduzcan "controles mediante Inteligencia Artificial, como ya hace la inspección de Hacienda", según Iustel.
Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI), cuestiona que la iniciativa venga de "un Gobierno que lleva ya siete años de ejercicio y que se encuentra, precisamente, acosado por causas de corrupción", recordando también que "rebajó las penas del delito de malversación". "En fin, es poco creíble",
Reprocha que se creen "más organismos públicos sin competencias concretas" y que se destaque que las investigaciones penales pasen de jueces a fiscales cuando "todos sabemos que una instrucción dirigida por una Fiscalía dependiente jerárquicamente del fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno va a hacer su trabajo en el 98% de los casos muy bien, pero va a arrojar sospechas de eficacia cuando se trate de casos de corrupción que afecten precisamente a ese Gobierno", según recoge Iustel.
Portillo afirma que "la única verdadera medida que se puede entender de lucha contra la corrupción es efectivamente refortalecer, lo cual significa aumentar los medios de una verdadera justicia independiente del Poder Ejecutivo, reforzar la imparcialidad y autonomía del Ministerio Fiscal y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en especial a los que investigan los delitos de corrupción, de los medios necesarios".
"Simple y llanamente, las herramientas ya las tenemos para luchar contra la corrupción", porque "ya tenemos leyes, ya tenemos jueces, ya tenemos fiscales, ya tenemos policías", asevera, reiterando que "lo que falta es que se pongan los medios necesarios para que esas herramientas sean eficaces" remarca Portillo.