La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar que su gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se evalúe la modificación de la ley de extranjeria que el Ejecutivo de Sánchez negoció con Coalicion Canaría y que finalmente obtuvo el pasado 18 de marzo los apoyos necesarios en el Congreso, tras el cambio de voto de Junst Per Catalunya.
Ayuso ha señalado a través de sus redes sociales que el Real Decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjeria, en lo que respecta al reparto obligatorio de los menores no acompañados (MENAS) "invade competencias exclusivas autonómicas". Ademas, explica que debería haberse tramitado mediante ley orgánica, considerando que "vulnera los derechos fundamentales del menor", al tiempo que "multiplica" los efectos de la inmigracion ilegal.
"Vulnera los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos independentistas", añade Ayuso, obviando que esta negociación fue una de las promesas comprometidas con Sánchez con Coalición Canaría para obtener el respaldo necesario en la investidura del verano de 2023. Un trabajo que se ha venido desarrollando por el ministro Víctor Torres, y que ha pasado por diferentes filtros jurídicos para ser presentado y adoptado la semana pasada.
Pese a la interposicion del recurso, la presidenta dejó claro la semana pasada que en Madrid se cumpliría con la ley, y apunto al centro situado en Fuenlabrada, localidad madrileña bajo gobierno socialista.