La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado esta semana al Decreto Ley que modifica la ley de extranjería en su artículo 35, el que regula el funcionamiento de las competencias en materia de inmigrantes menores no acompañados.
De hecho, desde que el Consejo de Ministros del martes 18 anunciase la medida, y fuera publicada en el BOE al día siguiente, Ayuso ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional. Concretamente, señaló que llevará tanto ante los tribunales españoles como ante la Unión Europea el acuerdo de Sánchez con Junts que ha establecido el reparto obligatorio de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Considera la presidenta de Madrid que "la política de migración de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos migrantes, en manos de mafias".
A pesar de su rechazo, la presidenta acaba de confirmar que le guste o no, "ha de cumplir con la ley".
"Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley", ha señalado en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez-Moñino sobre el funcionamiento de los centros de menores no acompañados en la región. "Los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley, y a ellos hay que ponerles unos recursos, como a todos los demás, en cumplimiento de la ley". Previamente, desde Vox, se había exigido a la presidenta que no aceptase los supuestos 700 menores que le corresponde acoger. De paso, también le han dicho que agilice las gestiones para devolver a su país de origen a los 10.000 que Madrid "ha reconocido".