"Siete años en el exilio, amnistía, investidura y prisión"
He pasado casi siete años en el exilio. Me fui lleno de incertidumbres, pero convencido del camino que podía recorrer protegiendo la institución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, que acababa de ser ilegítimamente destituida por la decisión del PP y del PSOE. Era momento de preservarla, como fuera, del intento de liquidarla, y proteger el derecho de los catalanes a tomar libremente sus decisiones.
La Presidencia de la Generalitat no es una institución cualquiera. No lo es en términos políticos, ni tampoco en términos históricos; de hecho, es una institución excepcional. Se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos, desde que en 1359 se nombró a Berenguer de Cruilles como primer president. La sucesión en la presidencia se va a interrumpir en 1714, y se va a recuperar formalmente en 1931, año a partir del cual el cargo se ha ido renovando tanto en el exilio como en el interior. Mi exilio partía de la idea de que eral el momento de asegurar aquella continuidad institucional histórica que las principales fuerzas españolas habían querido interrumpir, con la aplicación abusiva del artículo 155 de la Constitución y el inicio de la causa general contra el independentismo. Si bien, desde un punto de vista constitucional, entre el 27 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018 la presidencia de la Generalitat va a ser intervenida por el Gobierno español, desde el punto de vista de la legitimidad histórica de la institución, la presidencia va a continuar ocupada en el exilio. El 2018 la presidencia va a ser legada al president Quim Torra a través del Parlament de Catalunya. La continuidad fue salvada.
Una vez asegurada esta continuidad institucional, llegaba el momento de poder mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones en comparación a lo que no se puedía hacer desde una prisión, y todavía menos desde una prisión española. Es lo que he procurado hacer a lo largo de estos casi siete años, convencido de que los resultados de este esfuerzo, sumados a los resultados de los esfuerzos desde el interior de todos los que vamos a tomar el camino de la independencia de Catalunya, habrían de servir para preparar mejores condiciones y retomar la lucha. Todo lo que hemos hecho, a algunos siempre les parecerá poco. A otros, está claro, demasiado. Sea poco o sea mucho, sea con éxito o sea con fracaso, aquello que se ha hecho, ha sido, se mire como se mire, extraordinario y excepcional. Solamente una visión muy estrecha y de corta mirada puede quitarle mérito -que no quiere decir que no sean discutibles los aciertos o los resultados- de lo que hemos sido capaces de hacer en condiciones terriblemente adversas. La lista de lo que hemos conseguido es muy larga, en un combate que ha sido diario. Cada día, en todos los frentes; asumiendo riesgos y enfrentándonos una exposición pública creciente y frágil al mismo tiempo, porque se tenía que dar la batalla prácticamente sin red de seguridad. A la intemperie muchas veces. Y yendo contra corriente, teniendo que luchar contra un adversario muy poderoso y contra recursos económicos, humanos y técnicos ilimitados.
Los éxitos conseguidos y la actitud siempre combativa, sin hacer concesiones ni a la nostalgia ni al victimismo, han relativizado las enormes diferencias entre los dos bloques en conflicto y han impedido valorar la trascendencia y la importancia de los logros conseguidos. La internacionalización y las victorias en tribunales de diferentes estados europeos, la litigación estratégica ante el TJUE y también ante el Consejo de Europa, han sido amplificados o directamente conseguidos por la existencia de un exilio militante que ha aprovechado todas las tribunas que ha tenido delante.
Todo esto ha comportado un desgaste muy grande, sobre todo porque la represión del Estado se ha incrementado a medida que íbamos manteniendo la posición y fracasaban en su intento de liquidarnos. Nos ha puesto en el centro de todas las dianas, se han orquestado durante años campañas de difamación masiva y se han abierto multitud de frentes judiciales con el objetivo de agotar nuestras fuerzas y provocar el efecto disuasivo que toda represión comporta. Como en todo conflicto híbrido, se ha atacado nuestro entorno con el objetivo de intimidar y neutralizarnos, buscando nuestro aislamiento y desconexión, y se ha mantenido una guerra narrativa basada en falsedades que todavía dura, con espionaje y herramientas de violencia política que nos equiparan a movimientos terroristas para desacreditar todo un movimiento democrático y no violento.
Y de la misma manera, hemos continuado plantando cara e intentando explicarnos allá donde nos han dejado explicar, intentando contrastar los ataques permanentes de la poderosa maquinaria de propaganda española que no ha escatimado ningún esfuerzo ni ningún recurso. Desde aprovechar funcionarios españoles de las instituciones europeas, hasta los medios de comunicación entregados a su causa patriótica, pasando por los jueces, fiscales, policías, empresarios y profesionales diversos, y una legión de voluntarios y espontáneos activados desde que se les va a dar permiso de ir "a por todos nosotros". Y que se creen con derecho de amenazarte, de insultarte o de vejarte, a veces nada más por el hecho de hablar en catalán.
Desde las elecciones generales de 2023 algunas cosas van a comenzar a cambiar. Se va a abrir la puerta a la posibilidad de neutralizar la represión desenfrenada desde el 2017, y anular sus consecuencias judiciales, con la idea de que eso ayudaría a crear las condiciones para un proceso de negociación con el gobierno español que volviera a la política un conflicto que nada más se podía resolver desde la política. En el llamado "Acuerdo de Bruselas" fijábamos la necesidad de una amnistía integral como parte esencial de estas condiciones, sin la cual, no se podía hacer política de manera libre. La estrategia de los indultos era una estrategia española; la de la amnistía es una estrategia catalana. Era el momento de acabar con las condenas, los procesos judiciales, las causas secretas, los exilios y toda la criminalización contra el independentismo si el Gobierno español quería mantener una negociación con la que obtener los votos imprescindibles para gobernar. Por primera vez en todos estos años, se vislumbraba la posibilidad de una amnistía real y del fin del exilio, y también la posibilidad de hacer política en condiciones de mínima normalidad.
La tramitación de la ley fa a desatar una verdadera tempestad social, política y mediática en España, que va a tener un gran impacto en las instituciones europeas y en los medios internacionales. Ninguno dudaba de que la ley era fruto de un acuerdo político con el independentismo que permitía al PSOE sostenerse en el Gobierno español, pero tampoco nadie tenía duda sobre quiénes eran los destinatarios de la ley y qué resultados se buscaban.
Después de una negociación más larga y difícil de la que nosotros habríamos querido, se va a llegar a un acuerdo en la redacción de la ley que fijara claramente aquello que entraba en el ámbito objetivo de la amnistía. La redacción cerraba la puerta a las interpretaciones perversas a las que nos tenían acostumbrados los jueces patrióticos y solamente dejaba una única opción si querían evitar los efectos de la ley: el incumplimiento. Es decir, la rebeldía contra las instituciones democráticas.
Y, en efecto, han urdido una estrategia para incumplir la ley, sabiendo que los responsables que deberían castigarles por esa vulneración democrática siempre serán... ellos mismos. Se han reído de la ley, que es lo mismo que decir que se han reído de las Cortes españolas y de la democracia, sabiendo que eso no tendrá ningún coste para ellos en ningún sentido: ni personal ni profesional. Así, España no podrá ser nunca un Estado de derecho mientras los jueces desobedezcan al Parlamento, sobre todo si cuando lo hacen, no pasa nada.
En este contexto, que yo denomino de golpe de estado híbrido, se que mi vuelta puede comportar la detención y el ingreso en prisión, quién sabe durante cuánto tiempo. Si lo consiguen, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer. También lo que no debo hacer, como por ejemplo, covertirme en objeto de negociación, ni en alimentar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha. Pero más allá de si se produce la tan esperada detención, o si fracasan en el intento, lo que no cambiará serán dos cosas. La primera, la necesidad de la independencia como la única alternativa a la supervivencia nacional, social, cultural, lingüística, económica y democrática de Catalunya. La pertenencia al Estado español nos empuja a la decadencia en todos estos aspectos, como queda acreditado observando las cifras oficiales. Y nos liga a un sistema originalmente corrupto, asfixiante para las minorías e irreparablemente centralista. Con esta finalidad, los poderes del Estado han asumido un nivel de violencia política incompatible con la democracia, como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La segunda, mi determinación personal a defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin ninguna renuncia. Ni a la negociación bilateral cuando se den las condiciones, ni a la acción unilateral también cuando sea la única alternativa a nuestro alcance. Las dos son democráticamente legítimas, especialmente cuando se impide y se criminaliza el ejercicio democrático de los derechos humanos colectivos.
La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, como presidente de la Generalita, hace que la detención sea una posibilidad real de aquí a muy pocos días. Siempre he sido consciente de este riesgo. Pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes repulicanos para que no se me acusadse ni de hacer chantaje emocional -cosa que en los siete años en el exilio he rechazado siempre- ni de interferir en el proceso interno de otra formación política. Las críticas al acuerdo se han centrado en la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá ninguna capacidad de ngociación real con el gobierno español para resolver un conflicto histórico, que no es entre catalanes, sino entre Catalnya y España. Y porque creo que antes de dar los votos para un gobierno del PSC a Catalunya, cabía explorar otras alternativas, incluída la repetición electoral en nuevas condiciones.
En cualquier caso, el riesgo de detención ha provocado diversos comentarios y reflexiones, también muchos mensajes personales, sobre la idea de si valía la pena arriesgar la prisión para intentar asistir a un debate de investidura que no fuera el mio. Hay gente que me ha pedido que, ante estas circunstnacias, reconsiderase mi compromiso de volver.
A todos les he explicado las razones por las cuales hay que mantener el compromiso, y que así como ir al exilio va a ser una decisión política, volver también lo es. Desde el principio he sido objeto de muchas campañas de desprestigio y ataques personales sin ningun tipo de consideración ni rigor, de una deshumanización completa y persistente. Voy a ser vítcima de una campaña ignominisiosa cuando en las elecciones del 2017 anuncié que volvería si era investido president de la Generalitat. El pleno en el que se me debía votar fue suspendido a última hora y naturlamente no volví. Visto lo que hemos conocido con el escándalo de las campañas de guerra sucia organizadas por ERC, tengo pocas dudas de cómo se va a alimentar aquella campaña de desprestigio, un patrón que ahora se repetiría con más intensidad: de la compremsión inicial por el hecho de quedarme unos años más al exilio haciendo trabajo y evitando la prisión, pasaríamos a una nueva campaña de denigración personal de gran envergadura que tendría consecuencias muy difíciles de asumir para mi por todo lo que defiendo. La política catalana ha entrado en una nueva etapa, compleja y difícil y requiere que haya organizaciones capaces de recuperar la confianza y esperanza a la gente que sonñaba con una nación libre y próspera. Toca expulsar las malas artes y la toxicidad como tácticas de estrategias partidistas y nos hemos de dirigir sin subterfugios ni estrategias viviadas de comunicación a toda aquella gente que ha dejado de confiar en la política como vehículo para discutir sobre el futuro y la resolución de los problemas. Gente que se ha quedado en casa o que milita en otros partidos, o que cree que fórmulas simples y automáticas resolverán cuestiones enormemente complejas y cambiantes.
Si me detienen no será la primera vez. He estado en una prisión alemana y en otra italiana; he sido detenido en una comisaría belga y he sido convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo ello, está claro, por orden del aparato judicial español. El hecho relevante no será este. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español lo observa con la indolencia del resignado. Hacen más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno y le cita a declarar, que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución. Quien piense que esto no tendrá consecuencias, se equivoca.
Verme esposado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para hacerlo, deberán violar muchas cosas. No solamente la ley de amnistía; sino embarcase en una detención ilegal y desobedecer las decisiones internacionales que han adoptado en el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de los presos políticos catalanes. Sé que todo esto ni les calienta ni les enfría; les da igual. Pero en la lucha por la independencia, en este largo camino para salir del sitema español que nos compromete la existencia como nación, esta actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es intrascendente.
Al margen de las estrategias y de las etiquetas políticas de cada uno, la gran anomalía democrática que representaría la detención se ha de entender en clave de confrontación contra un régimen demofóbico y no desde el lamento o el victimismo. Tenemos mucho trabajo por delante, y somos muchos los que decimos que se debe continuar hasta terminarlo. Que ninguna prisión ni amenaza nos vuelva a dividir ni a paralizar, ni a difuminar el sentido de nuestra lucha: no es contra la represión que luchemos por la independencia, sino que trabajamos por la independencia y por ello nos enfrentamos a la represión. No puede haber estrategia antirepresiva si antes no hay una estrategia para la independencia, ni tampoco puede haber estrategia para la independencia si no hay una nacional, de país, al servicio de la defensa de Catalunya contra los que la quieren liquidar como nación.
Como me va a comentar un asistente al acto que vamos a organizar en Banys d'Arles, no se trata de verter lágrimas sino de quitarnos las garras de encima.
¡Viva Catalunya libre!
Carles Puigdemont i Casamajó
130 President de la Generalitat de Catalunya
Waterloo, 3 de agosto de 2024