El clamor del feminismo en general contra el titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, Enrique de la Hoz, no se ha hecho esperar en las redes sociales tras haber decidido archivar la causa contra las dos detectives contratadas por la defensa de los violadores de La Manada para intentar probar que la joven madrileña de 18 años violada grupalmente por los cinco jóvenes de Sevilla en los sanfermines de 2016 hacía vida “normal” en su día a día en los días posteriores a estos hechos. La defensa de los condenados, actualmente en prisión cumpliendo una pena de 15 años por esta agresión sexual múltiple, intentaba demostrar que la víctima realizaba una vida normal tras haber sufrido la violación múltiple.
La defensa de los cinco violadores intentaba demostrar que la joven hacía vida “normal” tras ser violada grupalmente en los Sanfermines de 2016
El archivo de la causa, que ha sido recurrida por la defensa de la víctima a la Audiencia Provincial de Madrid, se ha producido después de que el juez De la Hoz haya concluido que las dos detectives contratadas por los violadores para esta vigilancia “recabaron datos e imágenes de la denunciante en lugares públicos al objeto de incluirlos en un informe aportado a un procedimiento penal” y concluye que no cometieron un delito de revelación de secretos ni contra la intimidad personal, como aseguraba la víctima, según ha adelantado El Periódico.
El juez De la Hoz, titular del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa tras el informe presentado previamente por la Fiscalía de Madrid en este sentido, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
La defensa de la joven violada denunció a las dos detectives de la agencia Cassol que fueron contratadas por uno de los condenados por agresión sexual múltiple, Alfonso Cabezuelo, el ex militar del grupo, para elaborar un informe que se sumó al procedimiento judicial por la agresión sexual, aunque posteriormente fue retirado por la defensa del condenado. En el mismo se intentaba acreditar que la víctima realizaba “vida normal”. Para ello aportaron imágenes de la víctima con sus amigos y su familia.
Delito continuado de violación y no abuso sexual
Los cinco violadores de La Manada fueron condenados en 2019 a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo, que elevó la pena de 9 años que había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al considerar que los cinco procesados cometieron un delito continuado de violación, y no de abuso sexual.
Las dos detectives que siguieron a la víctima durante el verano de 2016, cuando ella trataba de recuperar su vida “normal” tras la agresión sexual constatada por el Tribunal Supremo, confirmaron en su informe profesional que la joven “fuma, sale de marcha y toma café con los amigos” y “lleva una vida propia de una persona de su edad”.
La defensa de la víctima denunció que los seguimientos se excedieron no sólo por lugares públicos sino también en el ámbito privado de su familia y amigos, con lo que presuntamente se vulneró su derecho a la intimidad y su libertad de movimientos, algo que el juez De la Hoz no ha considerado así en el sobreseimiento de la causa. El titular del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid considera que se recabaron estos datos en lugares públicos para ser incluidos en el procedimiento penal, pero que no se revelaron secretos ni tampoco contra la intimidad personal de la joven violada grupalmente.