En 2020 y 2021, la Comisión Europea negoció y celebró diversos contratos de compra de vacunas contra la COVID-19. El propio Tribunal de Cuentas de la UE señaló en un informe que se habían llevado a cabo determinadas conductas muy mejorables, e incluso, en algunos casos, pudiendo contravenir normativa de la propia Unión. Desde la Defensora del ciudadano europeo se ha solicitado al despacho de la presidenta Von der Leyen que hiciera públicos los mensajes privados vía SMS entre la presidenta y el CEO de Pfizer, Albert Bourla. También por vía judicial se han denunciado diversos hechos que podrían ser contrarios al acervo comunitario.
En 2021, distintos particulares solicitaron a la Comisión Europea el acceso a la documentación relativa a las compras de las vacunas contra el Covid-19 mediante los procesos establecidos. Solamente se les concedió el acceso parcial a los mismos.
Los particulares interpusieron entonces un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, alegando que se estaba vulnerando el derecho a la transparencia por parte de la Comisión ante sus ciudadanos. El Tribunal General estimó de manera parcial su reclamo, determinando que debería facilitarse más información a los reclamantes, concretamente, la relativa a los miembros del equipo negociador en la compra de las vacunas.
La Comisión Europea recurrió esta decisión mediante recurso de casación para que la sentencia fuera anulada. El hecho de interponer un recurso de casación no suspende la aplicación de la sentencia del Tribunal General de la UE, y por este motivo, la Comisión ha presentado en paralelo una demanda solicitando que se tomen medidas provisionales con el objetivo de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal General en lo referente a la divulgación de los datos sobre las personas negociadoras en la compra de vacunas contra el Covid-19.
El Vicepresidente del Tribunal de Justicia, responsable de la toma de las medidas provisionales, ha estimado la solicitud de la Comisión. Esto significa que ahora habrá que esperar al resultado final de la sentencia que deberá ser dictada por el Tribunal de Justicia sobre el fondo del asunto,