La consejera de Moreno Bonilla que sustituyó al actual presidente del Parlamento habla ya en tercera persona de los responsables de los contratos a dedo investigados por la justicia

Catalina García insiste en que las adjudicaciones sanitarias “en fraude de ley” durante la pandemia, según la Intervención de la Junta, fueron realizadas “con garantías jurídicas”

24 de Octubre de 2024
Actualizado el 25 de octubre
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Consejera Moreno Bonilla
Catalina García, a la izquierda, junto a Moreno Bonilla y Jesús Aguirre (derecha) en la última inauguración del hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, en marzo de 2023.

“Estoy segura de que las personas que gestionaron aquel momento lo hicieron por una necesidad extraordinaria”. Catalina García fue consejera de Salud en Andalucía desde julio de 2022 hasta este pasado verano, que fue cesada por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para nombrarla a continuación titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Los cientos de contratos menores ejecutados por la Consejería de Salud en las ocho provincias andaluzas en 2021 en supuesto “fraude de ley”, según la propia Intervención de la Junta, y puestos actualmente en la lupa de la justicia tras una denuncia del PSOE andaluz por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, ya cada vez tienen menos dueños a tenor de estas declaraciones en tercera persona del plural de la ex consejera de Salud, realizadas en Canal Sur Radio este jueves 24 de octubre.

Pese a todo, la ex titular de Salud está convencida de que los cuestionados contratos menores a dedo se hicieron “con garantías jurídicas” pese a que la norma estatal de excepcionalidad para ejecutar estos contratos sin publicidad ni concurrencia pública ya había sido derogada tras decaer el pico más intenso de la pandemia. Su predecesor en el cargo es el actual presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, que ocupó la cartera de Salud entre enero de 2019 y julio de 2022. Precisamente este dirigente del PP andaluz mantiene hasta hoy un perfil bajo ante los demoledores informes de los propios controles de la Administración autonómica.

El ejecutivo andaluz mantiene una única estrategia de defensa basada en achacar al PSOE que también hizo este tipo de contratos cuando gobernaba

La actual titular de Sostenibilidad en el ejecutivo de Moreno Bonilla tira de emotividad para exculpar cualquier ilegalidad en estos contratos sanitarios por valor de unos 1.500 millones de euros, según las estimaciones de los socialistas andaluces. “Hoy, en 2024, ya no nos acordamos, somos débiles de memoria, pero entonces (en 2021) la queja era que no se tenían mascarillas, equipos… En aquel momento, lo que hacían las plataformas era intentar que todo llegara”, ha explicado este jueves García, en consonancia con las argumentaciones que el propio presidente andaluz dio en el pleno parlamentario de la pasada semana.

Hasta ahora, lejos de tomar nota de los incontestables informes de la propia Intervención de la Junta, que hablan abiertamente de contratos concedidos a dedo “en fraude de ley”, el ejecutivo de Moreno Bonilla y el propio presidente andaluz han tirado del manido “y tú más”, recriminando al propio líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que este también echara mano de este tipo de contratación antes de la pandemia cuando ocupó el cargo de consejero de Vivienda y también el de alcalde de Sevilla.

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