El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el cese de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, tras desvelarse que las empresas que comparte con su pareja, Imber Consultoría de Igualdad S. L. y Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad S. L., recibieron al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE. Estos contratos, destinados a gestionar los puntos violeta contra la violencia de género y otras actividades de igualdad, habrían generado ingresos por alrededor de 250.000 euros.
Cristina Hernández será la sustituta de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres
Cristina Hernández, actualmente asesora en el equipo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Moncloa, será la sustituta de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, cuyo cese está previsto este mismo martes.
Licenciada en Sociología (Universidad de Salamanca) y MA Refugee Studies (University of East London), está especializada en políticas públicas de igualdad y violencia de género en Universidad Complutense de Madrid, Middlesex University y la Universidad Rey Juan Carlos.
Los puntos violeta y la gestión de igualdad
Los puntos violeta, una iniciativa lanzada por el Ministerio de Igualdad en 2021, son espacios seguros donde las víctimas de violencia machista pueden acudir en busca de ayuda. Estos puntos se encuentran en comercios, empresas, negocios y también pueden ser personas particulares. La gestión de estos puntos y otras actividades relacionadas con la igualdad y el feminismo fueron contratadas a las empresas de García y su pareja, lo que ha desatado una controversia significativa.
Isabel García ha defendido su actuación alegando que cumplió escrupulosamente con la ley. "Cuando en 2023 fui nombrada directora del Instituto de las Mujeres, me puse en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que me indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley”, explicó García.
La normativa
La normativa establece que, si el alto cargo y su cónyuge están en régimen de separación de bienes, no hay ilegalidad siempre que el alto cargo no posea más del 10% de la empresa. Según García, dentro de los tres meses de su nombramiento, se desvinculó de la titularidad y la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, delegando la gestión exclusiva a su esposa, Elisabeth García.
El origen de los contratos
Isabel García aseguró que ninguna de las empresas de su pareja ha recibido contratos del Instituto de las Mujeres, ni antes ni después de su nombramiento. "Nunca he hecho ninguna gestión o recomendación directa o indirecta ante los posibles clientes de las empresas, sean públicos o privados, para favorecer ningún contrato. Los contratos que se han realizado con entidades públicas, de todos los colores políticos, y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa", afirmó García en un comunicado, subrayando que tiene "la conciencia tranquila".
A pesar de las defensas presentadas por García, el Consejo de Ministros ha decidido proceder con su cese. La decisión refleja la sensibilidad del Gobierno ante cualquier indicio de conflicto de intereses, especialmente en temas tan delicados como la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.
La polémica ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la ética en la adjudicación de contratos públicos, así como sobre la gestión de iniciativas cruciales como los puntos violeta. La destitución de García pone de relieve la necesidad de mantener estándares rigurosos en la administración pública para evitar cualquier apariencia de impropiedad.
Aunque García ha defendido su cumplimiento de la ley y su desvinculación de las empresas, la decisión del Consejo de Ministros de cesarla refleja la gravedad con la que se toman estos asuntos. La controversia en torno a los puntos violeta y las actividades de igualdad destaca la necesidad de mantener la confianza pública en las instituciones que promueven la justicia social y la igualdad de género.