Los documentos reclamados en un auto por el juez
de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu a todos los organismos públicos y entidades privadas involucradas en el hundimiento y posterior compra del Banco Popular por parte del Santander por un euro demostrarán que tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos como los máximos responsables de la entidad presidida por Ana Botín serían los presuntos máximos responsables de la destrucción del Popular.Diario16 hizo entrega en la sede de la Audiencia Nacional de una parte de los documentos que acreditan esta operación, al contrario que otros medios que tuvieron su participación activa en la connivencia con esta trama, sin que hasta el momento se conozcan los motivos que han ocasionado esta decisión. Estos documentos fueron incluidos en todas las causas a través de una providencia del propio Andreu a instancias de Antonio Romera, Fiscal Anticorrupción.Tampoco se ha hecho entrega en la Audiencia Nacional, que investiga las presuntas irregularidades destapadas por Diario16, de los informes y acuerdos con los que indujeron a publicar que el banco estaba quebrado sin tener prueba alguna para certificarlo. Todo esto sirvió a principios del pasado 2017 para comenzar la operación de acoso y derribo al Popular, que dio alas a las operaciones bajistas a corto que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intentaron frenar para finalmente hundir y condenar a 305.000 accionistas que lo perdieron todo tras la venta al Santander por un euro en junio pasado.
La Audiencia Nacional, por indicación de Anticorrupción, incorpora la documentación de Diario16 a las causas del PopularTal y como indicamos en Diario16, el presidente y editor del medio, Manuel Domínguez Moreno, y autor del libro
Banco Popular. Una Operación Diabólica, presentó el día 31 de octubre, con fecha de registro de 2 de noviembre de 2.017, una parte de los documentos que obran en nuestro poder en la Audiencia Nacional, en concreto en el Juzgado de Instrucción Número 4.
Documento de entrada en la Audiencia Nacional presentado por Diario16La providencia firmada por el juez Fernando Andreu hace referencia a la presentación de los documentos de Diario16 por parte de Manuel Domínguez Moreno: «Dada cuenta, el anterior escrito
presentado por D. Manuel Domínguez Moreno, Presidente del Consejo Editor de
DIARIO 16 por el que se pone en
conocimiento de este Juzgado distintos hechos y documentos, e informe del Ministerio Fiscal emitido en fecha 29-01-2018 en el que se informa: “
que no se hace objeción a la incorporación del escrito y documentación que se adjunta, a la causa, pues la manipulación del mercado a los efectos que nos ocupa ha sido denunciada, admitida a trámite y encomendada su investigación a la CNMV, y es dentro de los términos objetivos de investigación fijados en los que puede ser acogido el referido escrito”, conforme se informa por el Ministerio Fiscal
se acuerda la incorporación del referido escrito y documentos a las presentes actuaciones».
Escrito Fiscalía AnticorrupciónEl Fiscal Anticorrupción afirma que los hechos relatados sobre los que se soportan los documentos recibidos por Diario16 dan un carácter de denuncia: «La naturaleza del escrito es de denuncia y, en ese sentido y en orden a su admisión, hemos de verificar si el mismo se ajusta a lo que es el objeto, ya conformado, de investigación de estas diligencias previas».A continuación, el Fiscal hace referencia a que los documentos presentados por Manuel Domínguez Moreno se diferencian del resto de querellas presentadas y que están centradas en la ampliación de capital de mayo de 2.016 porque los documentos hacen referencia al periodo de la presidencia de Emilio Saracho Rodríguez de Torres. «Los hechos que refiere se centran en la actuación de Emilio Saracho Rodríguez de Torres tendente a favorecer, mediante la
manipulación del mercado, la depreciación del valor de la acción con la finalidad de favorecer su venta al Banco de Santander S A, así como los intereses de JP Morgan Chase —para quién prestó sus servicios— a través de las ganancias obtenidas por el fondo MARSHALL WACE perteneciente a JP MORGAN que adoptó posiciones bajistas durante el desplome del Banco Popular S A».La decisión de Fiscal, por tanto, es no poner ninguna «
objeción a la incorporación del escrito y documentación que se adjunta a la causa pues la manipulación del mercado a los efectos que nos ocupa ha sido denunciada, admitida a trámite y encomendada su investigación a la CNMV, y es dentro de los términos objetivos de investigación fijados en los que puede ser acogido el referido escrito».
Existen varias conclusiones respecto al hecho de que Antonio Romeral Moraleda, Fiscal Anticorrupción, haya aceptado esta documentación y haya instado al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional a incluirla dentro de las causas presentadas y por presentar del Caso Banco Popular. En primer lugar, la Fiscalía ha debido tener constancia de que esos documentos demuestran algún tipo de presunta actividad delictiva, cosa que en Diario16 ya llevamos meses denunciando. En segundo lugar, esa documentación es la base sobre la que se demuestra que la intervención partió de una presunta falsificación documental, tal y como estamos afirmando en este medio. En tercer lugar, los documentos son la base sobre la que se podría demostrar la connivencia entre el Santander y Emilio Saracho, además de la actuación de los órganos reguladores.Se trata de un paso más pero que no es definitivo. En breve, Diario16 volverá a presentar ante los mismos órganos judiciales más documentación que obra en nuestro poder y que apuntalan, tal y como están comprobando nuestros lectores, el hecho de que todo lo ocurrido con el Banco Popular, la ruina de más de 305.000 familias, no tenía más que un objetivo: salvar al Banco de Santander. Y todo esto en los tribunales españoles, no en Europa como pretende el Santander y su ejército de bufetes con conflicto de interés.
La decisión de Fernando AndreuToda la documentación aportada por Diario16 y la que está por aportar y que, en algunos casos, ha sido publicada en estas páginas, demuestra que la operación estuvo manejada con el único fin de rescatar al Santander. Es tan grave la situación que parece que las últimas noticias publicadas en este medio han podido provocar un acelerón en las decisiones del titular de Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.La petición de toda la documentación a través de un auto revela, en primer lugar, que Andreu ha detectado las irregularidades y presuntos delitos de los que ya hicimos mención y necesita información; en segundo lugar, es la antesala de una intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el caso de que cualquiera de las instituciones, públicas o privadas, se negaran a facilitar esos documentos reclamados judicialmente; en tercer lugar, Fernando Andreu ha demostrado que la solución para los afectados no se encuentra en los tribunales europeos (que tendrán su función en lo referente a las responsabilidades de la JUR y del BCE) sino que es la Administración de Justicia española la que tiene la competencia para investigar, instruir y juzgar los presuntos delitos cometidos en la operación porque se cometieron en España.
