Detectadas irregularidades en la concesión de ayudas de la UE a desempleados de Murcia

La Intervención General de la Región de Murcia remitió una circular a decenas de centros docentes y empresas para que se pusieran al día con las ayudas para cursos de formación a desempleados otorgadas por los Fondos Estructurales de la UE. La circular advertía a los afectados y sociedades que había iniciado de oficio una investigación de “control financiero” sobre sistemas y procedimientos de gestión del Plan FIP, es decir, ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. En su informe definitivo, la Intervención General puso de manifiesto una “serie de deficiencias que precisan de una inmediata corrección”. Entre ellas, que existen acciones formativas del período 2000-2003 de las que se no ha obtenido documentación justificativa de las correspondientes subvenciones. En su carta, el director general del Servicio Regional de Empleo y Formación se dirigió directamente al beneficiario de las ayudas y le recordó que “dado que su entidad desarrolló alguna de esas acciones formativas no justificadas, siendo conscientes del enorme trabajo y dificultad que ello va a suponer, le solicito que en el plazo de 30 días remita al Servicio Regional de Empleo y Formación la documentación soporte justificativa de los gastos y pagos realizados por su entidad en relación con las acciones formativas que figuran en el anexo”. El Gobierno murciano advirtió además de que en el caso de no recibir esa documentación o de no ajustarse a la subvención concedida se iniciaría el correspondiente procedimiento de reintegro. De esta manera, tras detectarse las irregularidades en la concesión de las ayudas, la Comunidad Autónoma de Murcia se vio obligada a “descertificar” gran parte de los más de mil quinientos expedientes correspondientes a aquellos cursos de formación para desempleados durante los años 2000 y 2001. La cantidad estimada de dinero que la Comunidad se vio incapaz de acreditar a la UE se aproximó a los veinte millones de euros (aproximadamente diez por año) y las arcas públicas se vieron obligadas a asumir el coste de unos cursos que, años más tarde, no se pudieron justificar económicamente. El Servicio de Empleo y Formación (SEF), creado por la Comunidad de Murcia cuando se transfirieron los cursos del INEM a la Región, se vio incapaz de rendir cuentas con la UE ni de justificar adecuadamente gran parte de las partidas ya gastadas, con lo que tuvo que “descertificar” los expedientes, asumiendo así la deuda contraída y dando por perdido la posibilidad de que Europa cubriera esos cursos ya realizados. El origen de las irregularidades se remonta a comienzos de la década de 2000, en plena época de vacas gordas, cuando se cedieron los cursos de formación a desempleados (llamado Plan FIP) a centros privados de enseñanza para que fueran estos y no la Comunidad Autónoma los que impartieran la oferta de cursos debidamente subvencionados programada por el Inem. Para la justificación económica de estos cursos se elaboró un documento administrativo con pleno valor jurídico y vinculante entre las empresas de enseñanza y la Administración, pero sin valor legal para la UE, donde se incluían los gastos distribuidos en distintas partidas. Una vez entregado a la Comunidad Autónoma, esta le daba el visto bueno y se procedía al pago al centro sin entregar facturas ni justificantes pero con la condición de “guardar la documentación” (sin fijar tiempo) por si surgiera alguna inspección. El famoso documento, conocido como el CC3E, procedía del propio Inem y apareció convenientemente publicado en el BOE, teniendo, por lo tanto, plena validez fiscal y jurídica. Más adelante, los responsables de la Consejería de Trabajo se sorprendieron al comprobar que se habían realizado los pagos de los cursos sin presentar documentación alguna y se contrató a una empresa de Valladolid en 2001 para que revisara los cursos del trienio anterior y elaborara un informe de situación. Una vez más, España se ve envuelta en una polémica a cuenta de supuestas irregularidades en la concesión de ayudas procedentes de Bruselas. El asunto puede haber prescrito, pero pone de relieve la falta de control y las alegrías con las que nuestro país ha manejado los fondos estructurales de la UE.