Doce años después que a Ibarretxe, el Gobierno invita a Puigdemont al Congreso para defender sus planes soberanistas
07
de Noviembre
de
2017
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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Doce años y tres meses después de que, no exento de polémica, el lehendakari Ibarretxe presentara su plan soberanista en el Congreso con Rodríguez Zapatero de presidente, la vicepresidenta y ministra para la Administración Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho ese ofrecimiento extraordinario ante los actos que Puigdemont tiene previsto celebrar hoy en Barcelona y sobre todo este lunes que viene en Madrid.El acto del president, en las dependencias del Ayuntamiento de la capital, para explicar sus planes soberanistas, han creado un auténtico revuelo incluso en forma de crítica a la alcaldesa por aceptar alquilarle el edificio municipal.Parece, sin embargo, que lo que fuera duramente criticado por el PP, cuando Zapatero aceptara que Ibarretxe explicara su plan en el Congreso en febrero de 2005, ahora es válido si quien lo plantea es el Gobiern de Rajoy.Ni el expresidente socialista tenía que haber invitado a Ibarretxe, según los medios de la derecha y el PP, ni la alcaldesa Manuela Carmena aceptar que el Gobierno de la Generalitat contratara un espacio municipal.Pero las cosa cambian cuando es el Gobierno de Rajoy, en pleno proceso de casos de corrupción, quien toma la decisión a través de la invitación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.La exportador del Gobierno ha considerado que esas explicaciones debe darlas el president catalán en las Cortes "porque afectan a la soberanía nacional" para que haya un diálogo y debate acerca de las mismas con los representantes legítimos de todos los españoles y porque ese es el "cauce democrático" previsto en la Constitución.Sáenz de Santamaría compareció tras el Consejo de Ministros para comunicar públicamente la oferta y para darle más rango que el habitual en esas ruedas de prensa que dirige ahora semanalmente el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. La vicepresidenta subrayó varias veces que "el reglamento de las Cortes y la Constitución ya establecen los mecanismos" para que ese tipo de iniciativas como la que plantea la Generalitat de Cataluña "sean conocidas y debatidas y con claros precedentes".
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