El 15 de junio de 2013 el ex juez Gómez de Liaño ya ha aceptado llevar la defensa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, algo que alarma a Génova y al Gobierno de Rajoy. Los populares temen que sus más altos cargos del partido se vean involucrados en la investigación judicial a la Gürtel -como así fue en parte- y necesitan encontrar como sea los “papeles de Bárcenas”. Así se pone en marcha desde las cloacas más profundas del Ministerio del Interior, con el hoy ex ministro imputado Fernández Díaz a la cabeza, la Operación de espionaje Kitchen con el único objetivo de encontrar y hacer desaparecer del entorno del ex tesorero popular cualquier pista que pueda llevar a una condena a personas como el propio Mariano Rajoy y su ministra y secretaria general del partido, Dolores de Cospedal.
Trece días después, el 28 de junio de 2013, el juez Pablo Ruz ordenó el ingreso en prisión de Bárcenas. Aún no ha sido juzgado, pero el magistrado teme que pueda fugarse de España. Sin duda, comienza un calvario para el PP -que pese a las condenas y al tirón de orejas de la sentencia al partido del Gobierno en ese momento- no finaliza hasta el 1 de octubre de 2018 cuando prospera la moción de censura a Rajoy que convierte a Pedro Sánchez en el nuevo presidente del Gobierno. “Jaque mate a Rajoy”, titulaba esa mañana Diario16.
Transferencias internacionales
Mientras el cambio de abogado aceleraba la puesta en marcha de la Kitchen, las transferencias encontradas por la Policía desde las cuentas de Bárcenas a Suiza hace que salten las alarmas y el juez decide enviar al ex tesorero a prisión.
Y ahí Génova entra en pánico. Bárcenas puede hablar y las consecuencias son difíciles de asumir para el partido que gobierna en España. El ex tesorero parecía dispuesto a cumplir su amenaza de contar todo lo que sabía sobre la financiación irregular del PP, que ya estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional en el sumario de la trama Gürtel.
Un alto responsable del partido en aquellos años reconoce a este diario que “Bárcenas hablara era una obsesión que llevó a una operación irregular, mal organizada y con un riesgo enorme de ser descubiertos”.
Arranca la Kitchen
El 13 de julio de 2013 el entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, cuya declaración es la base del auto del juez instructor que ha imputado al ex ministro de Interior, recibió un whatsapp de Fernández Díaz en el que se especificaba: “Chofer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer). Unas dos horas después, el ministro insistió a su número dos: “Es importante”.
Aquí arranca la Operación Kitchen para que, a través del chófer de la mujer de Bárcenas, pudieran encontrarse los papeles que involucran al PP y sus altos cargos con la financiación ilegal del partido que los tribunales ya investigan con la Gurtel.
Como adelantó Diario16, más de 70 agentes de la UCAO (Grupos Operativos del Centro Nacional de Inteligencia) participaron, por orden del Ministerio del Interior, que entonces lideraba Fernández Díaz, en el espionaje contra Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, para evitar que los papeles del ex gerente de Génova llegaran a la Policía y a los tribunales.El PP utilizó recursos y medios humanos públicos para tratar de que altos cargos de Génova, y probablemente el propio presidente, Mariano Rajoy, se vieran involucrados en la Gürtel. El objetivo era localizar, a través del chófer de la esposa de Bárcenas, esos papeles que comprometían al PP.