El líder andaluz del partido ultraderechista Vox,
Francisco Serrano, se ha rebelado con
insultos y descalificaciones machistas contra el portavoz de Adelante Andalucía,
Antonio Maíllo, definiéndolo en las redes sociales como
“planchabragas del feminismo subvencionado”. Esta virulencia verbal contra el líder andaluz de Izquierda Unida tiene una explicación relacionada con el bolsillo. Maíllo ha denunciado la “jeta” del líder de Vox y el “agujero” que, en su opinión, tiene la Ley Electoral de Andalucía respecto a las incompatibilidades de los cargos públicos. Maíllo ha acusado directamente a Serrano de
usar su cargo como diputado “como elemento propagandístico de actividades profesionales y privadas”.Este miércoles, la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara andaluza decidió en
deliberación secreta –la única comisión que tiene este carácter reservado– que los 17 diputados solicitantes puedan
seguir simultaneando sus actividades parlamentarias con su profesión privada. La mayoría de los diputados beneficiados pertenece a Vox.Ocho de los 12 diputados del partido ultraderechista son
abogados en ejercicio, entre ellos el ex juez Francisco Serrano, que ha declarado unos
ingresos de 42.000 euros como abogado en ejercicio durante 2018, en asuntos relacionados sobre todo con temas de
custodia de menores y familia. Serrano, el representante de su formación en la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz, es el diputado que ha solicitado los datos personales de los funcionarios que atienden en Andalucía las denuncias de malos tratos sobre la mujer ante su sospecha de que no cuenten con la titulación adecuada y fomenten lo que la formación de extrema derecha denomina
“ideología de género”.
Serrano declara ingresos de 42.000 euros de su despacho de abogados, a los que sumará ahora la nómina de diputado de más de 3.000 euros mensuales
En la documentación remitida a la Cámara andaluza sobre las actividades, bienes e intereses de los diputados andaluces de la XI Legislatura también consta que el
juez en excedencia, que logró ser readmitido en la carrera judicial después de ser
condenado por prevaricación dolosa, también ha declarado participaciones en el gabinete jurídico que dirige,
Serrano Abogados Servicios Jurídicos, por un importe de 62.252 euros. En este mismo bufete trabaja en la actualidad una de sus hijas. También ha trabajado su esposa, la también abogada
María José Mestre, hasta poco antes de saltar la polémica sobre la compatibilidad de cargos.Además, Serrano declara un seguro privado de 120.000 euros, dos viviendas, una en propiedad en Sevilla y otra en usufructo en Sanlúcar de Barrameda. Su cuenta corriente arroja un saldo de 18.679 euros y Hacienda le devolvió 2.143 euros en 2017. A lo declarado en su actividad como abogado, Serrano deberá sumar también ahora su sueldo de diputado autonómico, que oscila entre los 3.000 y los 5.550 euros.Maíllo, al que Serrano tilda de “progre millonario”, ha denunciado que esta compatibilidad legal de actividades privadas con el cargo público de diputado andaluz ha sido permitida por la
nada transparente Comisión del Diputado porque existe “un agujero enorme en la ley que permite el lucro indirecto”. El líder andaluz de IU explica que “hasta ahora no se había detectado porque no teníamos tantos diputados provenientes del ámbito privado, pero la ley permite que haya gente que está usando su actividad parlamentaria para lucrarse de manera indirecta”.
![](https://diario16.com/wp-content/uploads/2019/03/Serrano-Hazte-Oi%CC%81r.jpg)
Francisco Serrano, durante una entrevista a la organización ultracatólica Hazte Oír en 2015.
Serrano será sólo asesor de su bufete
Pese a que el Parlamento ha permitido a Serrano que compatibilice su actividad privada con la de diputado, a partir de ahora no podrá gestionar directamente los casos que hasta ahora dirigía en el bufete familiar y
solo podrá ejercer como asesor del citado despacho. El artículo 6.5 de la Ley Electoral de Andalucía es claro y contundente.
Exige a los diputados ejercer “en régimen de dedicación absoluta” y será “incompatible con el desempeño de actividades privadas”, sobre todo aquellas relacionadas directamente con la “gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos”.
La esposa de Serrano, también abogada, ya no aparece en el equipo que compone el bufete privado del líder de Vox
La clave está en que la ley no entra a juzgar la posible incompatibilidad del escaño del diputado de Vox con su bufete profesional por tratar prioritariamente
litigios que niegan la violencia sobre la mujer, sino por la remuneración económica que percibe desde su despacho privado. La Cámara ha aceptado las excusas de Serrano, quien asegura que no gestionará ni defenderá personalmente los litigios en los tribunales de justicia.La esposa de Serrano, la también abogada
María José Mestre, aparecía en el equipo de abogados del bufete creado por el ex juez, pero en estos momentos
ya no consta como parte integrante del bufete Serrano Abogados, según se puede comprobar en su página web. Ha desaparecido del listado de profesionales que componen el equipo del bufete coincidiendo con la polémica por el tema de las compatibilidades del líder de Vox.