Las maniobras de Pablo Casado en Bruselas para perjudicar a Pedro Sánchez pueden costarle muy caro a los españoles: tanto como 140.000 millones de euros. El líder del PP se ha empeñado en trasladar a la Comisión Europea la imagen de una España bananera, un país dominado por un régimen chavista antidemocrático que no respeta la legalidad vigente ni los procedimientos de la Justicia. En los últimos días el presidente popular ha denunciado que el Gobierno español piensa acometer una reforma de la ley, incluso de la Constitución, para no tener que contar con el Partido Popular a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados en nuestro país. La histórica reforma sería la respuesta contundente de Sánchez al bloqueo sistemático de Casado, que se niega una y otra vez a pactar la renovación de cargos en la cúpula judicial.
Una sanción a España por conculcación del Estado de Derecho, tal como pretende Casado, no es ciencia ficción. El pleno de la Eurocámara aprobó en abril del pasado año, por amplia mayoría, el proyecto normativo que permite suspender o recortar ayudas de la Unión Europea a países que socaven derechos fundamentales o no atajen la corrupción o el fraude con los fondos europeos. Con esa normativa, la UE pretende evitar que ayudas concedidas a partir de 2021 vayan a parar a países con “deficiencias democráticas generalizadas”. Por tanto, la Comisión puede concluir que el Estado de Derecho está amenazado en un país determinado de la UE si aprecia una mala praxis en la ejecución o el control de las ayudas por parte de las autoridades nacionales o estas minan las investigaciones contra el fraude −incluido fiscal−, la corrupción u otras infracciones que afectan al presupuesto europeo. También en el caso de que tribunales independientes no puedan revisar los casos o se interfiera en la labor de la Justicia. Dependiendo del alcance de la infracción, la Comisión podría adoptar medidas como suspender los compromisos, interrumpir los plazos para el pago de las ayudas, reducir la financiación previa o suspender las transferencias de fondos.
Por tanto, el mecanismo de sanción está ahí y Casado lo sabe. Por eso juega sus cartas contra Sánchez aunque con ellas esté perjudicando a España a sabiendas. No solo se ha quejado de la falta de libertades en nuestro país a causa del decreto del Estado de Alarma declarado el pasado mes de marzo por el Gobierno central (cosa que no es cierta, ya que la medida fue votada en el Parlamento español y pasó el trámite reglamentario correspondiente) sino lo que es todavía más grave: ha insinuado en varias ocasiones que teme que los 140.000 millones en subsidios y préstamos terminen en el pozo de la corrupción. Una afirmación que Bruselas podría tomar como causa inmediata de suspensión de las 'ayudas covid' a España.
De modo que nuestro país podría enfrentarse a una grave sanción, como ya ha ocurrido con países advertidos como Polonia o Hungría. Sin duda, el detonante de esta nueva ofensiva antiespañola del presidente del PP ha sido el anuncio de la reforma judicial que pretende sacar adelante Pedro Sánchez. En cuanto Casado se ha enterado de los planes del Gobierno para modificar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ, dejando al margen al PP, ha caído en la cuenta de que el proyecto podría salir adelante con mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Y, tal como era de esperar, el líder popular ha montado en cólera, organizando una campaña sin precedentes contra España que ha dejado atónitos a los dirigentes europarlamentarios por lo que tiene de antipatriotismo. Casado ha movido Roma con Bruselas y ha movilizado a todo el Grupo Popular Europeo para que dé la batalla y acuse a nuestro país de incumplir con los artículos más elementales del tratado de la Unión en materia de derechos democráticos.
La cuestión es gravísima, no solo porque está en juego una sanción que dañaría la imagen del Estado español, sino porque podría perjudicar la transferencia de los 140.000 millones de euros en ayudas y fondos. El pleno del Parlamento Europeo ya ha dado un serio toque de atención a países como Polonia y Hungría por sus políticas que violan el Estado de Derecho. En el caso de Hungría, la Eurocámara ha criticado que el Gobierno de Viktor Orbán haya prolongado ilimitadamente el estado de emergencia durante la pandemia. Con respecto a Polonia, el Parlamento de la UE ha dado un tirón de orejas al gobierno ultraconservador de Varsovia por modificar la ley electoral contra el criterio del Tribunal Constitucional y de celebrar las elecciones presidenciales en medio de un brote contagioso. Y ahí es donde pretende llegar Casado, que no cejará en su empeño hasta que Bruselas coloque a España a la altura de países que no respetan el Estado de Derecho. Curiosamente, Polonia y Hungría, los estados más gamberros de la UE, están gobernados no por partidos de izquierdas, sino de extrema derecha, tal como ocurre con los “trifachitos” (PP-Vox-Cs) en Madrid, Andalucía y Murcia.
Las denuncias de Casado no han caído en saco roto. Bruselas ha puesto la diana en el Gobierno de Sánchez y la posibilidad de expediente disciplinario está sobre la mesa. Mientras tanto, Alemania ha emitido preocupantes declaraciones en los últimos días, advirtiendo de que España ya no es ese país fiable que durante décadas transmitió solidez democrática sino que con su “política tóxica” estaría poniendo en serio riesgo la estabilidad de la Unión Europea. Cataluña, la corrupción, la decadencia de la Monarquía y la politización del Poder Judicial han hecho saltar todas las alarmas. Y ahí es donde entra Casado con sus maniobras para convencer a la Comisión Europea de que nuestro país es un estado gamberro a la polaca, un reducto antisistema y bolivariano que no cumple con las mínimas garantías democráticas. Las ayudas europeas tan necesarias para rescatar a familias y empresas españolas peligran. Y todo gracias a las maniobras orquestales en la oscuridad de Pablo Casado. Ese gran patriota.