El sillón de delegado territorial de Educación en Sevilla es claramente un puesto de alto riesgo desde que llegara al Gobierno la coalición de Partido Popular y Ciudadanos. Tanto es así que la pugna entre los dos partidos que conforman el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla para hacerse finalmente con este cargo se está llevando estos días a una situación límite entre los socios de gobierno, un puesto que, una semana después de quedar vacío, aún no ha sido designado por el Gobierno andaluz. Tanto es así que detrás de esta disputa se encuentra la reciente e inusual queja pública de un nutrido grupo de inspectores de educación de Andalucía contra la inestabilidad de este departamento en Sevilla, que lamenta “la insólita acumulación de ceses”, con tres delegados ya dimitidos o cesados en apenas año y medio de gestión de Javier Imbroda como consejero. Fuentes cercanas a Educación han confirmado a este diario que el Partido Popular está maniobrando para colocar a un inspector joven y militante del partido como nuevo delegado territorial de Educación en Sevilla, después de la fulgurante dimisión del tercer delegado nombrado por Imbroda en sólo año y medio al frente de la Consejería de Educación, que además no llevaba ni una semana en el cargo, tras hacerse pública su imputación judicial por apropiación indebida y estafa a una empresa de vaginas de plástico.
Después del paso fulgurante de Miguel Martín León por la Delegación de Sevilla, pese a ser un hombre de la máxima confianza del propio consejero Imbroda –ambos han sido entrenadores de baloncesto–, la experiencia totalmente fallida ha obligado a la dirección autonómica de Ciudadanos a buscar cuanto antes un recambio de perfil “impoluto”, objetivo que se antoja difícil dadas las circunstancias, a lo que hay que sumar que su socio de Gobierno está ejerciendo una contundente presión para colocar a un militante con el perfil adecuado que temple los ánimos en una Delegación casi en pie de guerra en pleno inicio del curso escolar y con la oposición, sindicatos y asociaciones de madres y padres de alumnos claramente enfrentados con un departamento que ha dado muestras sobradas de arrogancia y ausencia total de empatía con el sector educativo en Andalucía.
Este debate interno entre los socios del ejecutivo de Moreno Bonilla para designar al nuevo delegado de Educación en Sevilla concuerda con el espíritu que el líder autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, quiso otorgar el pasado agosto a la remodelación de competencias entre consejerías, en las que a priori se vaciaban de poder algunos departamentos dirigidos por Ciudadanos. Marín aseguraba entonces que “nadie” perdía competencias en el nuevo reparto “porque un Gobierno no es un reparto de cromos”. En este sentido, los 21 inspectores de educación (de los 58 que componen el equipo en Sevilla) que han criticado la inestabilidad de la Delegación de Sevilla han actuado públicamente casi al mismo tiempo que el PP ha comenzado a maniobrar internamente para intentar “colocar” a un militante popular, con un perfil joven y también inspector de educación de la última promoción.
La llegada de un militante del PP al puesto de delegado de Educación no es nada nuevo ya que la actual delegada en Málaga, Mercedes García Paine, pertenece a la dirección provincial del PP y ya trabajó con el actual consejero, de Ciudadanos, en la ciudad autónoma de Melilla.
Caos en la organización de las oposiciones a inspector educativo
La pugna por este nuevo nombramiento de la Consejería de Educación se produce la misma semana que se han celebrado en Jerez, estos pasados sábado y domingo, las oposiciones de 600 aspirantes a 40 puestos de inspectores de educación. Según algunos participantes, la organización de estas oposiciones ha sido “un auténtico caos”. La convocatoria venía precedida además por numerosas críticas, ya que la Consejería de Educación había decidido mantener una convocatoria de estas características en plena segunda ola de contagios por covid-19 en Andalucía y otras zonas del país.
Algunos aspirantes han contado que, después de esperar una hora para entrar en el recinto donde se han celebrado las pruebas, el Ifeca de Jerez, han tenido que volver a salir y esperar de nuevo otras dos horas fuera del recinto, lo que ha provocado el malestar de muchos de los aspirantes a estas plazas públicas.