Los niveles de pobreza energética colocan a España en una situación cercana a los países en desarrolloAhora es una institución pública la que ha puesto sobre la mesa la realidad de los españoles: desde que gobierna Mariano Rajoy las familias más ricas han incrementado su patrimonio mientras que el resto de la población ha perdido poder adquisitivo. Un 10% de los hogares tenía en su poder el 52% de la riqueza del país. La semana pasada fue Oxfam quien denunció que 3 personas (Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig) acumulan más riqueza que el 30% de los españoles.Con un escenario de desigualdad extrema en el que ni las cifras oficiales pueden ocultar la realidad cotidiana la subida de la luz a los niveles en los que lo está haciendo las excusas que tanto Unesa como el Gobierno ponen para justificarlo son insuficientes.Diferentes estudios han denunciado que más de 7 millones de personas no pueden encender la calefacción en invierno por no poder hacer frente a las facturas de la luz y una de las causas de que esto ocurra es el encarecimiento del precio de la energía, aproximadamente un 67% desde el año 2008.
Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) más de 3 millones de personas se ven obligadas a retrasar el pago de sus facturas de la luz como consecuencia del desempleo y de los bajos salarios que hacen que los ingresos de las familias se hayan desplomado. La propia ACA advirtió en 2016 de que más de un millón de hogares se ven obligados a dedicar más de un 20% de sus ingresos para pagar las facturas de energía.Ante esta situación social es normal que se genere alarma entre la ciudadanía ante esta subida desorbitada del precio de la luz. Hay que tener en cuenta que el acceso a la electricidad fue declarado como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por España en 1977).Con los bajos salarios, la menor cobertura del desempleo y los niveles reales de paro (muy alejados de las cifras oficiales) la subida de la luz aleja a millones de familias de tener acceso a algo que está reconocido como un derecho humano.Diferentes estudios denuncian que más de 7 millones de personas no pueden encender la calefacción en invierno