El fiscal suizo Yves Bertossa ha cerrado parcialmente la investigación contra el rey emérito por un presunto delito de blanqueo de capitales en la donación de 65 millones de euros a su amante Corinna Larsen. Según fuentes de la Fiscalía helvética, las diligencias no han permitido “establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad”, es decir el AVE a la Meca. En definitiva, lo que viene a decir la resolución suiza es que no se puede acreditar que el origen de ese dinero fuese ilícito como producto del cobro de comisiones de empresas españolas, de modo que debe darse carpetazo al sumario.
Es evidente que Juan Carlos I sale airoso de todo este procedimiento judicial que en los últimos años lo había puesto contra la espada y la pared. Ahora bien, quedan muchas dudas por despejar, y la primera de ellas tiene que ver con esa astronómica cantidad de dinero que el emérito y su amiga entrañable manejaron con total impunidad. ¿De dónde salieron esos 65 millones y, lo que es aún más importante, cómo puede ser que si no han pasado por Hacienda para ser declarados al fisco pueda darse por archivado un asunto tan escandaloso? Fuentes del entorno del emérito aducen que tal cantidad fue un regalo que en 2008 hizo la Familia Real de Arabia Saudípor la estrecha vinculación de amistad, casi de parentesco, que une al exmonarca con las grandes estirpes árabes. Pero aún en el caso de que así fuera, es evidente que una cantidad astronómica como la que está encima de la mesa debería haber tributado en España en concepto de impuesto de donaciones. Cualquiera que haya recibido un regalo importante alguna vez, y estamos hablando de fuertes sumas de dinero, sabe que esa donación está sujeta a gravamen y que no cumplimentar la pertinente declaración puede acarrear graves consecuencias.
La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) cree que el rey Juan Carlos I debería haber abonado al fisco, concretamente a la Hacienda de la Comunidad de Madrid, al menos 52 millones de euros por la supuesta donación del rey saudí y advierten de que si no presentó el impuesto de donaciones se demostraría que ese dinero se ocultó al fisco español. Gestha ha realizado este cálculo después de conocerse que el documento, en el que aparece la firma del rey emérito del 31 de julio de 2008, recoge la constitución de la Fundación Lucum en Panamá para recibir una donación de 64.884.405 euros realizada por el rey de Arabia Saudí a favor del entonces rey de España. La transferencia se hizo a través de la Banca Mirabaud de Ginebra (Suiza).
“Con independencia de la investigación de la Fiscalía española y suiza, los técnicos explican que Juan Carlos I tendría que haber presentado la liquidación correspondiente del impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid, que no está bonificado al no existir lazos familiares entre las partes”, recuerdan las fuentes de Gestha. La investigación del fiscal Bertossa concluye que el rey Juan Carlos “recibió efectivamente, el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la Fundación Lucum abierta en Mirabaud & CIE SA en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares (65 millones de euros) por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí”. Y añade que el procedimiento también puso en evidencia otros pagos recibidos por el emérito o por Corinna Larsen: 1.895.250 dólares, en especies, además de otros 5 millones de dólares y 2 millones de dólares más provenientes de Kuwait y de Bahréin. “Todas estas transferencias no han sido suficientemente documentadas por los acusados. En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a la cuenta en Bahamas de una sociedad domiciliada a nombre de Corinna Zu Zein-Wittgenstein (Larsen)”, recuerda el fiscal.
Es decir, la existencia del dinero ha quedado debidamente acreditada y aunque no se puede saber en concepto de qué se pagó al rey emérito (más allá de la supuesta donación) debería haber pasado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, no pasó, y eso supone que si no se realiza una declaración complementaria para regularizar todo este montante se podría estar cometiendo una irregularidad. Gestha cree que el emérito, inexcusablemente, debería abonar esos 52 millones para ponerse al día con el erario público. Además, los inspectores han reclamado que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria “ordene una investigación” fiscal sobre el rey emérito. A este respecto cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción española se ha dado una prórroga de seis meses más para seguir indagando en el asunto, aunque todo apunta a que, tras la decisión de ayer de la Justicia suiza, el caso se cerrará en breve, lo cual abrirá al rey emérito la puerta de su regreso a España.
Por otro lado, la fiscalía suiza ha condenado al banco Mirabaud & CIE a una multa de 50.000 francos suizos y al pago de las costas del procedimiento, estimados en otros 150.000 francos, ya que la instrucción ha permitido establecer que el banco habría omitido desde julio de 2018 la comunicación pertinente de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación en materia de blanqueo de dinero. Juan Carlos I y Corinna Larsen exonerados. El banco sancionado solo testimonialmente. Es todo lo que queda del escándalo de las cuentas suizas ocultas del patriarca de la Transición. Eso y la desfección del pueblo, que ya no cree en la Justicia.