El Tribunal Superior de Justicia ha citado a declarar como investigados por desobediencia al que fuera President del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros independentistas de la mesa del Parlament: el vicepresidente Josep Costa, a Eusebi Capdepadrós y a Adriana Delgado (de JxCat y ERC respectivamente).
Según la Fiscalía, los cuatro citados a declarar admitieron a trámite dos resoluciones en las que se respaldaba el derecho de autodeterminación y en las que se reprobaba a la monarquía borbónica, a pesar de haber sido "advertidos" de la ilegalidad de estas acciones por parte del secretario general del Parlament, y sabiendo también que el Constitucional lo había "prohibido".
El antecedente de condena a los miembros de la mesa
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha dictado sentencia condenatoria con antelación contra miembros de la mesa, cuando Carme Forcadell era la presidenta y tuvo lugar la admisión a trámite de las resoluciones sobre el 1 de octubre.
El propio Roger Torrent ha lamentado en sus redes sociales que la maquinaria represiva continúe en marcha "para limitar y perseguir la libertad de expresión". Y ha señalado que el Parlament es "el templo de la palabra y del debate", añadiendo que "intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia".
Una resolución sin ningún tipo de efecto
Con este proceso se vuelve a poner sobre la mesa el efecto de una resolución política, que no tiene ningún tipo de consecuencia, más allá que la mera declaración política, la mera expresión de una opinión. La reprobación de la monarquía o la puesta en valor del derecho de autodeterminación son dos cuestiones que no atentan contra los Derechos Humanos, ni siquiera deberían suponer un problema dentro de una democracia donde estas afirmaciones son expresiones en base a la libertad de expresión, según señalan expertos juristas.
A pesar de que Torrent, como presidente de la mesa, intentó esquivar al Constitucional, adelantando la tramitación de las resoluciones antes de que llegase el posicionamiento del Tribunal, la Fiscalía considera que ha incurrido en un delito de desobediencia al permitir que la iniciativa parlamentaria se sometiera a votación.