El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de darle un plazo de 10 días al Govern de la Generalitat para que aplique la sentencia dictada en diciembre de 2020 mediante la cual se establecía la obligatoriedad de impartir un 25% de las clases en lengua castellana en las escuelas catalanas.
Una vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado también en el sentido de confirmar esta sentencia, desestimando el recurso que presentó el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, ha devenido firme. Esta es la razón por la que ha de cumplirse y se da un plazo de 10 días para que los centros educativos puedan adaptarse.
El origen de la sentencia que dictaminó el TSJC se encuentra en los recursos presentados por el gobierno español mediante la Abogacía del Estado, ante las resoluciones del Departamento de Educación en materia del uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza.