El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir en la idea de que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 los 140.000 millones de euros en ayudas europeas se verán seriamente comprometidos. Sánchez ha recordado a todas las fuerzas políticas que desvincular las subvenciones oficiales de la UE de los Presupuestos sería una gran irresponsabilidad, enviando de esta manera un aviso a navegantes, sobre todo al PP de Pablo Casado, reticente a dar su voto favorable a la ley. Según se desprende de sus declaraciones públicas de los últimos días, el jefe de la oposición sopesa votar “no” al borrador de cuentas públicas, lo que no haría sino agrandar la leyenda negra de España como país poco fiable donde la “política tóxica” se ha acabado imponiendo y donde las diferentes fuerzas parlamentarias ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en el maná en forma de miles de millones de euros que debe llegar de Bruselas.
Ayer mismo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, apelaba al “patriotismo” de los grupos políticos para que finalmente apoyen unos Presupuestos Generales del Estado que en medio de una pandemia como la que vivimos se antojan más importantes que nunca. En el mensaje de Narbona iba implícita además la seria advertencia de que nuestro país se juega mucho en este envite, tanto como unas subvenciones europeas a fondo perdido imprescindibles para llevar a cabo las políticas sociales y económicas que permitan superar la terrible recesión en la que nos encontramos. Narbona ha llegado a asegurar que si no se aprueban las cuentas públicas, “tampoco habrá acceso a los fondos europeos”.
“Estos PGE requieren de una actitud de patriotismo de todos los grupos. ¿Quién se opone a la mejora de condiciones de vida de los más vulnerables?”, se preguntaba ayer la también vicepresidenta primera del Senado en un intento por trasladar toda la presión en los días anteriores al que probablemente va a ser el debate más importante de esta Legislatura.
El argumento que esgrime el Gobierno para lograr el apoyo mayoritario de la Cámara a su borrador de cuentas públicas es tan simple como rotundo: tal como ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con estos Presupuestos millones de españoles “verán mejorar sus condiciones de vida” en los próximos años, los más duros para nuestro país desde la guerra civil. Es decir, nos encontramos ante un proyecto contable que no solo supera los Presupuestos prorrogados de Montoro (los que sirvieron para meter la tijera de forma inmisericorde al Estado de bienestar) sino que pretenden convertirse en la piedra angular sobre la que construir la transformación económica que necesita España una vez que sectores como la construcción, la hostelería y el turismo se han hundido estrepitosamente a causa de la epidemia. Y ahí es donde está la clave del asunto: el Partido Popular no quiere ni oír hablar de reformas, de mejoras estructurales, de superación de un modelo productivo que a todas luces se ha quedado obsoleto. España no puede seguir dependiendo ni un minuto más del pelotazo urbanístico ni del turismo de sol y playa. Puede que esas gallinas de los huevos de oro tuvieran su sentido hace unos años, pero es evidente que ya no dan más de sí, tal como ha venido a demostrar la crisis del coronavirus. Casado, como buen ultraliberal conservador que es, se resiste a cualquier tipo de cambio. Ya lo dijo el pasado fin de semana el propio Montoro en una entrevista para El Mundo. “Sí, ver los Presupuestos como una oportunidad para cambiar el modelo productivo es una ensoñación. Además, es que con el maná europeo no se van a cambiar muchas cosas: son 27.000 millones de euros en un país que produce más de 1,2 billones. No hay que exagerar. Lo que no puedes hacer es que esos fondos se queden anclados en presupuestos de ministerios. Eso nos lleva a un crecimiento del gasto que no podremos luego subsanar con impuestos. Habrá más déficit público y eso será muy grave”, asegura el exministro de Rajoy.
Agoreros al margen, el Gobierno ha entendido la excepcionalidad del momento trascendental que vivimos. Nuestra economía se ha desmoronado por sus propias contradicciones internas y de ahí que el Ejecutivo Sánchez haya abordado con valentía y realismo asuntos como el de las pensiones, el ingreso mínimo vital, la transición ecológica, la Sanidad, la Educación, la subida de impuestos, la igualdad entre hombres y mujeres y el problema de la vivienda. La propia Narbona ha hecho especial hincapié en la necesidad de aprobar el borrador, ya que, por poner un ejemplo, permitirá una inversión pública en políticas de vivienda “como no la ha habido nunca en nuestro país” gracias a los fondos europeos. La sanidad también se verá reforzada en un momento especialmente crítico en el que la pandemia exige más medios humanos y materiales. Tras años de recortes, el gasto se incrementa en más de 3.000 millones de euros y superarán los 7.300 millones, un 75% más que los anteriores Presupuestos. Al menos 2.440 millones irán destinados a comprar vacunas y reforzar la atención primaria. Al mismo tiempo, el gasto en educación e investigación crece considerablemente. En el primer capítulo, la inversión será un 70,2% más que la que había con los Presupuestos de Montoro, sin contar con el ambicioso plan de modernización de la Formación Profesional a cuatro años dotado con 1.500 millones de euros. La investigación científica (aunque seguiremos estando lejos del objetivo del 2 por ciento de PIB recomendado por la OCDE) contará con una nada desdeñable inyección de 5.106 millones de euros, lo que supone un aumento del 80% respecto a los presupuestos vigentes. El Ministerio de Ciencia aumentará casi un 60% su financiación. Todo ello sin olvidar el gasto de 6.000 millones para dotar de impulso a la transición ecológica y las partidas para servicios sociales, que crecerán un 70,3%, un incremento con el que el Gobierno quiere reforzar este pilar básico del Estado del bienestar.
Es evidente que sin un gran acuerdo político de Presupuestos nada de esto será posible y seguiremos con las raquíticas cuentas aprobadas en su día por el austericida Montoro. A esta hora parece que el consenso está más cerca que nunca, ya que formaciones minoritarias y nacionalistas se han mostrado proclives a apoyar el borrador. Sin duda, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que prepara el Gobierno supone el mayor gasto social de la historia, que el Ejecutivo cifra en 239.765 millones de euros −un 10% más−. Por eso las derechas, con Casado a la cabeza, se oponen radicalmente. Demasiado dinero en juego para las clases más desfavorecidas; demasiadas alegrías de un Estado de bienestar en el que ellos no creen.