Un vigilante de seguridad de 47 años que trabajaba en el centro de menores tutelados Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha ingresado en prisión tras ser imputado por un delito de agresión sexual continuada contra una menor de 15 años bajo la protección de la Junta de Extremadura. Los hechos salieron a la luz el pasado mes de junio cuando otra adolescente de 17 años, también tutelada, denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de un conocido del vigilante y reveló simultáneamente la situación de la menor de 15 años.
La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Don Benito, un equipo especializado de la Policía Nacional en violencia de género, doméstica y sexual, se hizo cargo del caso por tratarse de víctimas en situación de especial vulnerabilidad. La directora del centro interpuso la denuncia oficial el 20 de junio tras conocer los hechos a través del testimonio de la menor de 17 años.
La Secretaría General de Servicios Sociales de Extremadura destacó en un comunicado “la máxima celeridad” con la que se actuó tras conocer los hechos, derivando inmediatamente a ambas menores a un programa especializado de atención a víctimas de abusos sexuales.
Según la investigación, el vigilante y la adolescente de 15 años habían entablado lo que él consideraba una “relación amorosa” durante varios meses. Sin embargo, bajo la legislación española, cualquier relación sexual con un menor de 16 años constituye delito, independientemente del supuesto consentimiento. La edad de consentimiento sexual en España se elevó de 13 a 16 años en 2015, equiparando al país con los estándares europeos.
El detenido permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Paralelamente, fue arrestado su conocido, que presuntamente agredió sexualmente a la menor de 17 años, aunque en su caso el juez decretó libertad con cargos.
Como explican los expertos, existe un “consentimiento viciado” cuando un adolescente otorga su supuesta aprobación bajo una situación de abuso de poder, influencia o manipulación. En este caso, la posición de autoridad del vigilante sobre la menor tutelada anulaba cualquier validez del consentimiento.
Este caso se enmarca en una problemática más amplia de abusos sexuales a menores tutelados en España. Según datos oficiales recopilados por diversos medios, al menos 1.113 niños tutelados por las administraciones autonómicas han denunciado casos de abuso sexual desde 2019. Los expertos consideran que esta cifra representa solo “la punta del iceberg” de un problema que se extiende por todo el territorio nacional.
La vulnerabilidad de los menores tutelados los convierte en objetivos fáciles para agresores y redes de explotación. Como señala un extutelado: “Somos carne de cañón, y esto lo saben estas redes”.
La investigación continúa abierta mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente los hechos y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para proteger a los menores más vulnerables del sistema de protección español.