Luis Menéndez Villalva nació en Ourense en 1959. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y el responsable de Relaciones Internacionales de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), además de delegado español electo del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ). Cuenta con una amplía trayectoria profesional. Fue pionero en la puesta en marcha de la Televisión de Galicia. Especialista en documentales de viajes, ha trabajado también en la Cadena SER y colaborado con diferentes medios nacionales y regionales. Director-Gerente del Centro Internacional de Prensa de Galicia, en el presente año ejerce como presidente de turno de la EPCF (European Press Clubs Federation).
¿Cree que es necesaria una regeneración del sistema mediático?
Sí, desde luego. Es una falacia, y normalmente se basa en una interpretación mendaz, ese axioma de que la mejor ley de prensa es la que no existe. La ley Fraga del 66, con los tics propios de la época, facilitó la expansión y puso límites, hoy extravagantes, que sirvieron para cerrar medios y señalar periodistas críticos. Hoy los límites son otros, nunca relativos a la libertad de expresión e información, pero sí a la difamación, a la calumnia, a la falsedad… Se suele decir, con razón, que el verdadero límite al periodismo está en el Código Penal.
En este sentido, estoy por la autorregulación, el establecimiento de marcos donde impere la verdad frente a la mentira, el rigor frente al bulo, el contraste frente a la parcialidad. En España, como en todo el mundo, el desarrollo tecnológico con las redes sociales ha sobrepasado a la propia evolución natural de las doctrinas humanísticas en las que pivotaron los códigos. Y en este confuso ecosistema informativo actual de low-cost e impunidad surgen los llamados pseudomedios y, lo peor, los pseudoperiodistas que los alientan, o cuando no se originan, con frecuencia, desde anonimatos. Sí, debemos poner coto a tal deriva. Por el bien del lector, oyente o telespectador. No es censura. Es transparencia. Es responsabilidad y seguir la norma de la Federación Europea de Periodistas (EFJ) de Journalist is a public good (El Periodismo es un bien público).
¿Existen reglamentaciones similares en los países de nuestro entorno, para contener la desinformación, los bulos y las noticias falsas?
Por supuesto, y son los Códigos Deontológicos del Periodismo las vigas maestras sobre las que edificar la estructura ética y profesional de una profesión no regulada. Son como el Juramento Hipocrático de los médicos que denuncia y señala al profesional con mala praxis. Aunque los indicios, —básicamente jurídicos— fueron más antiguos, fue a partir de la primera Guerra del Golfo del año 90 (recuerden la censura militar, el periodismo “empotrado”, la guerra “televisada”, la desinformación, etc…) cuando Europa toma conciencia de esa necesidad y así el Consejo de Europa crea el Código Europeo de Deontología del Periodismo en el año 1993. A raíz del mismo, surgieron las versiones de cada Estado. En el caso español ese mismo año, en Sevilla, se aprobó nuestro Código Deontológico de la FAPE, todavía en vigor y más que nunca de actualidad. Un año antes, el Col-legi de Periodistes de Catalunyatrazó las líneas maestras que serían perfeccionadas, y ratificadas, por el Consell de la Informació, en 2016.
No es nuclear que la verdad venga de los medios tradicionales y la mentira de las cabeceras digitales. Hay periodismo nefasto en medios tradicionales y periodismo de alta calidad en medios digitales
Dinamarca —siempre en vanguardia— aprobó en 1992 su Código Nacional de Conducta Periodística, y por fechas próxima siguió Alemania con su Código del Consejo de Prensa, Italia con su Código de Prácticas o Noruega con su Código Ético. Todos ellos inciden en lo mismo: la obligación del periodista (y de los editores) de obedecer las reglas de oro a la hora de publicar: veracidad, objetividad, responsabilidad social y pluralismo. El problema es que la mayoría de los códigos son de carácter consultivo y no sancionador. Pero hay excepciones que, a nuestro juicio, bien pueden ser aplicables hoy al caso español. Me refiero al Conseil de Déontologie Journalistiquede Bélgica. En este organismo tienen que estar representadas tanto las organizaciones de periodistas y las agencias de información, como las empresas editoras que deseen recibir subvenciones. Se subrayan las condiciones estrictas para recibir ayudas del erario público, entre ellas: el respeto a los preceptos éticos del Código Deontológico o la instauración de consejos de información independientes y convenios colectivos homologados. Si una empresa no cumple, no accede a fondos públicos. Así de claro.
¿Faltan controles de calidad y veracidad de las informaciones que ofrecen los medios?
La cultura de los verificadores, fact-check, es muy norteamericana. El Post y la Old grey lady (New York Times) siempre abogaron por esa figura, a veces, más poderosa que los propios redactores-jefes o directores. Lo cual no quiere decir que siempre acierten. En Europa están empezando a funcionar, pero, por desgracia, sólo pueden disponer de ellos los grandes medios con presupuestos que alcancen con exigencia rigurosa tal fin y que, por supuesto, tengan voluntad de hacerlo. Que son los menos. Es el caso de España.
¿Hay diferencias en cuanto a la autenticidad de las informaciones que ofrecen las cabeceras de tradición periodística, y las nuevas surgidas con la digitalización?
Depende. No es nuclear que la verdad venga de los medios tradicionales y la mentira de las cabeceras digitales. Hay periodismo nefasto en medios tradicionales y periodismo de alta calidad en medios digitales. Aquí está el valor humano. La tecnología es bienvenida y necesaria. Pero la clave es el dedo que aprieta el botón. Aunque esta verdad es de perogrullo, la está disipando una amenaza que puede ser monstruosa: la Inteligencia Artificial.
¿Cómo valora la FAPE la propuesta del Gobierno para la regulación de los medios de comunicación en comparación con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación?
Por lo que hemos visto hasta ahora, el Gobierno apenas ha concretado las medidas que va a tomar. Al parecer, vendrán con el otoño. Simplemente se ha limitado a exponer públicamente que lógicamente seguirá los pasos y la aplicación de la EMFA (European Media Freedom Act) que se hará efectiva a partir del 8 de agosto del 2025. No le queda otro remedio. Se trata del Reglamento de la UE aprobado el 13/05/2024 en el Parlamento Europeo de obligado cumplimiento. El Presidente sólo anunció en el Congreso una medida de 100 millones para digitalización. Ignoramos cual/les serán los destinatarios. Si sirven para mejorar a medios independientes con problemas financieros y si hay una evaluación profesional, bienvenidos sean esos millones. Estaremos vigilantes.
La normativa europea obliga desde ya a revisar la ley española de Publicidad y Comunicación Institucional, puesto que habrá que introducir criterios comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación
¿Cree la FAPE que la transposición de la normativa europea que propone el Gobierno es la adecuada o se queda corta?
El gobierno de momento no propone apenas más que el anuncio de que cumplirá con los preceptos de la EMFA. Evidentemente habrá disposiciones jurídicas nacionales para hacerla efectiva, como una comisión reguladora, tímidamente apuntada. Veremos cómo se implementa. En la FAPE hemos entregado un amplio informe al Presidente del Gobierno dando nuestra opinión favorable a la llegada de EMFA y la homologación europea de la libertad de prensa y la protección de los periodistas. En su extenso articulado sí explicita la necesidad-obligación de transparencia en la propiedad de los medios y plataformas digitales, normas para la publicidad institucional, el respeto al pluralismo o la lucha contra la desinformación. Además de nuestro dossier, hemos remitido al Gobierno varios anexos como el informe Facts not Fakes de la OCDE sobre desinformación, el estudio sobre la calificación de qué es un medio informativo del profesor Ángel Arrese, y el más reciente balance del Robert Schumann Centre sobre monitorización mediática. Ojalá que con estos mimbres se pueda elaborar un buen cesto.
La nueva propuesta del Gobierno es un: ¿compromiso con la libertad de prensa o censura?
Ni una cosa ni la otra. En cuanto a los medios, es una exigencia comunitaria. Y aunque algunos la interpreten como maniobra política —que no entro a valorar—, es bien cierto que no hay excusas para su puesta en práctica por exigencia de plazos. El reloj ya se ha puesto en marcha.
¿Qué medidas concretas deberían tomarse para asegurar la independencia y transparencia de los medios de comunicación?
Pues la próxima creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (ECMS),que es un organismo independiente compuesto por los representantes de los organismos reguladores nacionales, y será el responsable de velar por el cumplimiento de la EMFA. No obstante, la normativa europea obliga desde ya a revisar la ley española de Publicidad y Comunicación Institucional, puesto que habrá que introducir criterios comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en cuanto a la asignación de la publicidad institucional. En el ámbito derogatorio, el Gobierno debería promover cambios en leyes actuales que interfieren con la libertad de información, señaladamente la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”.
¿Cuál cree que debería ser la participación de la FAPE en la aplicación y control del cumplimiento de las medidas que se aprueben?
La FAPE ha propuesto al Gobierno la creación de una comisión asesora a disposición del citado comité europeo, compuesta por expertos en las distintas materias que nos ocupan. Y lo afirmamos con conocimiento de causa. La dilatada experiencia de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, con 220 dictámenes emitidos a lo largo de los últimos veinte años, es a nuestro juicio una base de referencia y calidad doctrinal. Si bien sus muy argumentadas resoluciones no tienen carácter sancionador, ya que su finalidad es meramente recomendatoria, cumplen con una persistente necesidad: clarificar el confuso panorama informativo en nuestro país.
¿Qué estrategias propone la FAPE para fomentar la alfabetización mediática de la ciudadanía y combatir la desinformación en el entorno digital?
Hace más de una década que la FAPE viene reiterando la inclusión de una asignatura de alfabetización mediática en Educación Secundaria Obligatoria. Si esta petición se hubiera apoyado globalmente —tenemos avances parciales, pero escasos— se habrían dado pasos importantes en la lucha contra la desinformación, un fenómeno que no sólo afecta a la seguridad nacional, sino a la sociedad en su conjunto. Y que va a más, con el tsunami digital y la ya presencia urbi et orbi de la Inteligencia Artificial. Formar a la ciudadanía, desde las escuelas e institutos, es darle una herramienta esencial para discernir entre la veracidad y la falsedad de las noticias y para adquirir una actitud crítica ante la avalancha de información/desinformación a la que está expuesta. Es crucial, en un mundo globalizado en el que la manipulación y los bulos hacen que se ganen o pierdan elecciones, o que proliferen teorías de conspiración política, económica, militar, etc., en ámbitos tan opuestos como la salud, la inmigración, el comercio, la vivienda o las relaciones internacionales.