La Comisión Europea continúa estudiando la demandapresentada contra el Reino de España por la presunta corrupción judicialsistémica que, según el denunciante, está asolando al tercer poder de lademocracia de este país. El órgano de gobierno de la Unión Europea sigueestudiando el caso, sobre todo por el peso de las pruebas presentadas.
Hay que recordar que la denuncia, a la que Diario16 tuvoacceso, fue presentada en el mes de septiembre de 2019 y partía de los datosdel Eurobarómetro de 2019 que constataban el amplio descredito de la Justicia españolaentre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que lamayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia porsu corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justiciatiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias opresiones de intereses económicos.
Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales «por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales», indica el documento presentado a la Comisión Europea.
Además, la denuncia hacía referencia a los datos del CIS del mes de julio de 2019 en los que se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción».
La denuncia, además, hacía referencia a que, dentro delpropio poder judicial, existen profesionales que, desde el anonimato, «hanreconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución deasuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de losinformes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales sobre las encuestassobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos».
Por otro lado, el mal funcionamiento sistémico de laJusticia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Serviciode Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en losque el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales anteel TJUE, tal y como publicamos en Diario16.
La denuncia incidía en el hecho de que el problema seencuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de losprofesionales de la abogacía, el Consejo General del Poder Judicial, elencargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces, estáarchivando todas las quejas presentadas «en una clara muestra de sucorporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contralos jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sinsanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano degobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad dedenunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», seafirmaba en el documento.
La denuncia incide en el hecho de que todas las quejas y losactos denunciados por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil ponen demanifiesto que en España no es operativo formular denuncias por lasactuaciones de los jueces ante el CGPJ porque son archivadas sin «siquieraincoar el correspondiente expediente para realizar una mínima investigación delos hechos, razón por la que nos vemos obligados a formular esta denuncia antela Comisión Europea para que realmente se lleve a cabo una investigación paraesclarecer la situación de corrupción judicial sistémica consentida por elReino de España».