"Nadie tuvo nunca acreditado que la situación fuera encaminada a obtener un beneficio personal patrimonial, ni siquiera se ha insinuado". Así de contundente se acaba de mostrar la Fiscal María Ángeles Sánchez Conde, ante el Tribunal Supremo, al solicitar que se aplique la plena amnistía para Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig en el juicio al procés.
La Fiscalía ha defendido su postura, en el mismo sentido que hizo previamente. Sin embargo, hoy no estaban los cuatro fiscales que conocieron del proceso en la Sala Segunda, es decir: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, quienes mostraron su negativa a aplicar la ley de amnistía.
Unas declaraciones que han tenido lugar en la vista pública que hoy se celebra en el Supremo, que tiene como objeto aclarar por parte de la Sala de Apelaciones, la decisión del juez Pablo Llarena, que no quiso aplicar la amnistía.
La teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo ha desacreditado la postura de Llarena, señalando que se ha inventado un ánimo de enriquecimiento personal, señalando que "no se puede defender que los que fueron a prisión lo hicieron por enriquecimiento personal". Y ha considerado la aplicación errática de la ley de amnistia, reiterando que "la norma es clara".
"Cualquier persona que sepa leer la norma, sabe que existe un ámbito objetivo y temporal de la amnistía" y ha acusado de "pretender obviarlo con construcciones contrarias a los hechos".
Ha apelado de manera directa al artículo 1 de la ley de amnistía, donde se establece de manera clara que están comprendidos en esta norma "los actos tipificados como delitos de malversación cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar" la realización del 9N, de manera pública o privada, "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".
De manera igualmente contundente, la fiscal ha dicho que los condenados no se enriquecieron personalmente ni afectaron los fondos de la UE afirmando que "esto está acreditado hasta la saciedad en esta causa".
De la misma manera, la Fiscal ha rechazado que el 1 de octubre tuviera afectación en los intereses financieros de la Unión Europea: "No han sido empleados fondos europeos, no se ha producido ninguna merma en el presupuesto de la UE".
A la postura de la Fiscal se ha sumado la de la Abogacía del Estado.
Todas las partes, salvo Vox, han defendido que la causa por malversación que mantiene abierta Llarena encaja en el ámbito objetivo de aplicación de la ley.
La Sala formada por los magistrados Eduardo Porres, Susana Polo y Vicente Magro deberá decidir sobre la estimación del recurso.