La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP) ha denunciado que la Administración General del Estado (AGE), es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, está incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo sobre los cupos para personas con discapacidad.
La decisión del Alto Tribunal declaró la nulidad del RD 408/2022 en lo referente a la ausencia de reserva de plazas para personas con discapacidad en procesos selectivos cuya modalidad es el concurso. La posición de la AGE incumple lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público.
La sentencia del Supremo, además, ordena la corrección de esta discriminación mediante la reserva de un cupo específico para personas con discapacidad. Aunque se haya notificado a la Administración su obligación de cumplir con lo dictaminado por la Justicia, la respuesta obtenida ha sido insuficiente y, hasta el momento, ni siquiera se han puesto en contacto con la parte social. Esto ha obligado a CGT a anunciar que no queda más remedio que iniciar el proceso de ejecución de la sentencia.
Según ha declarado un portavoz de FETAP-CGT, «lamentamos profundamente que la Administración siga ignorando un mandato judicial tan claro y necesario para garantizar la igualdad de oportunidades. Esta situación nos obliga a actuar con firmeza para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en el acceso al empleo público».
La reserva de cupo para personas con discapacidad no solo es un mandato legal, sino una cuestión de justicia social. El incumplimiento continuado de la sentencia del Tribunal Supremo supone una violación de derechos fundamentales y una falta de compromiso con la inclusión y la igualdad de acceso al empleo.
Además, el proceso de ejecución de la sentencia no es solo una cuestión legal, sino un paso imprescindible para acabar con la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Por esta razón, la organización sindical ha reclamado que se aumente el número de plazas ofertadas para cumplir con el cupo de discapacidad. De este modo se cumplirá con lo ordenado por el Supremo y se evitará prolongar una situación injusta y discriminatoria que afecta a un colectivo vulnerable.