Dos años después de la tragedia de Tempi, donde el 28 de febrero de 2023 chocaron un tren de mercancías y otro de pasajeros de manera frontal en la línea que une Atenas con Salónica, dejando decenas de víctimas mortales (57) y heridos (80).
La mayoría de las víctimas eran personas jóvenes y estudiantes.
Tras el accidente, el titular de Transporte presentó su dimisión, al igual que dos de los máximos responsables de la Organización Heléncia de Ferrocarriles.
Las protestas han sido masivas, aglutinando cada vez a más gente, a medida que se han incumplido promesas (por parte del nuevo gobierno de derecha, que entró al poder tres meses después de la catástrofe), y se han ido conociendo detalles de lo sucedido. Según las últimas encuestas, siete de cada diez griegos creen que el gobierno de Nueva Democracia está protegiendo a los políticos responsables de la tragedia. El gobierno de Atenas niega las acusaciones. Pero lo cierto es que todavía quedan sin respuesta varias preguntas centrales en torno a la tragedia, entre ellas si el tren de carga implicado transportaba combustible ilegal que provocó una explosión masiva, según publica hoy Euractiv en una pieza donde se hace un interesante recorrido sobre los hechos acontecidos.
Recuerda la publicación europea que ocho días antes del accidente, el entonces ministro de Transporte, Kostas Karamanlis, desestimó las preocupaciones planteadas por la oposición sobre la seguridad ferroviaria. "Es vergonzoso y me avergüenza que se planteen cuestiones de seguridad", señaló entonces el ministro.
Antes del accidente, la fiscal europea Laura Kövesi había iniciado una investigación sobre un contrato financiado por la UE firmado en 2014 para la reconstrucción y modernización del sistema de señalización y control remoto de los trenes griegos. Los expertos han sugerido que el accidente podría haberse evitado si se hubieran instalado estos sistemas.
El día 2 de marzo, Karamanlis dimitió y asumió su responsabilidad política por el accidente. Dos días después, el día 4 de marzo, en contra de los protocolos de seguridad, la zona del accidente se limpió destruyendo pruebas importantes para la investigación. La fiscalía negó haber dado esta orden, y se señaló a una decisión gubernamental.
En marzo de 2024, Kövesi dijo que las autoridades griegas estaban poniendo obstáculos a su investigación. A raíz de su petición, 23 personas no políticas fueron procesadas. También pidió que se procesara al ministro de Transporte Karamanlis, pero la inmunidad que le otorga la Constitución del país lo impidió. Karamanlis fue elegido nuevamente diputado el año pasado. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, atacó a Kövesi, diciendo que había excedido el límite de su competencia.
Los familiares de las víctimas acusan al gobierno de haber dificultado la investigación para poder establecer responsabilidades.
Se sospecha que el tren de carga transportaba material inflamable. El gobierno considera que se trata de teorías de la conspiración.
Al obtener la mayoría Nueva Democracia, y abrir una investigación política, no se encontró ninguna prueba de responsabilidad del gobierno anterior. Aunque la comisión parlamentaria fue creada por el gobierno, algo que también se critica por las personas afectadas.
En el plano judicial, la lentitud del proceso está suponiendo también un elemento para la protesta de la ciudadanía. Se ha creado la Asociación de Familiares de Víctimas, dirigida por la pediatra Maria Karystianou, que perdió a su hija en el accidente.
La Comisión Europea ha señalado que la falta de un organismo independiente y permanente de investigación de accidentes ferroviarios en Grecia desde 2019 constituye una violación de la legislación de la UE. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida contra Atenas, señala Euractiv.