Informe preliminar sobre Pegasus: "El ataque de espionaje hacia los catalanes comenzó en 2015"

09 de Noviembre de 2022
Actualizado el 02 de julio de 2024
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Pegasus

El Parlamento Europeo constituyó una comisión especial para investigar las denuncias presentadas por el uso de la aplicación israelí de espionaje Pegasus que afectó a varios eurodiputados, y también a distintos dirigentes y activistas políticos, sociales y a periodistas, entre ellos, en Cataluña y en el Gobierno de España.

Sin pruebas

Ayer se dio a conocer el resultado del primer informe preliminar realizado por la ponente, la holandesa Sophie in 't Veld. En este documento se señala que "El Gobierno español fue probablemente el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO (los creadores de la aplicación Pegasus)". Cabe remarcar que se señala "probabilidad" ante la falta de pruebas.

La eurodiputada holandesa señala además que el "Gobierno no da información", y apunta a que "si creen que las acusaciones son equivocadas, que presenten información". La europarlamentaria espera que haya una mayoría suficiente para viajar a España a investigar.

Precisamente han sido desde las filas del PSOE y del PP quienes no han facilitado la investigación, ante lo que la eurodiputada ponente se pregunta qué deben hacer, y apunta al hecho de que "aunque falten piezas del puzzle, se puede ver la imagen. La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial. Pero vemos que hay indicaciones fuertes de que políticos han sido espiados sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional."

Lagunas legales: espionaje retroactivo

El documento pone de manifiesto las lagunas legales en la ley en lo referido al espionaje, puesto que "incluso con el requisto legal de estipular específicamente la duración de la vigilancia antes de la autorización, esto no contempla el hecho de que, una vez que un dispositivo está infectado con software espía, es posible revisar retroactivamente comunicaciones y datos anteriores de una manera que no es posible con las medidas tradicionales de vigilancia".

Catalan Gate

El documento dedica un apartado específico para el llamado "Catalan Gate", donde se aborda la denuncia en la que parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con las víctimas habrían sido espiados. Hechos que se denunciaron públicamente cuando desde Citizen Lab se presentaron los resultados de la investigación independiente, avalados por organizaciones como Amnistía Internacional.

El texto señala en este sentido que "en mayo de 2020 las autoridades españolas admitieron haber espiado a 18 de las 65 víctimas con autorización judicial". "El Gobierno español ha facilitado poca información hasta ahora sobre el papel que ha desempeñado, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional. Sin embargo, la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y los acontecimientos posteriores. El gobierno español probablemente fue el primer cliente de la UE del grupo NSO".

"Un análisis detallado de los ataques muestra un patrón claro. La mayoría de los ataques del Catalan Gate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España. Dicha vigilancia incluye, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo. Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se han dado a conocer, no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado".

El ataque de espionaje hacia los catalanes comenzó en 2015

El documento señala que "el ataque a los ciudadanos catalanes con spyware comenzó en 2015 y se ha llevado a cabo a gran escala desde 2017. Después de la cobertura mediática inicial en 2020, el escándalo estalló en toda Europa en abril de 2022 con la publicación del informe de CitizenLab de la Universidad de Toronto. Dado el paso del tiempo, desde el comienzo del espionaje y estas revelaciones, no ha sido posible identificar o investigar más a fondo una serie de objetivos debido a diversos factores, como que varios objetivos se deshicieron del teléfono en cuestión".

Ataque a la democracia europea

"Esto es un ataque a la democracia europea", señala el documento preliminar. ¿Por qué la Comisión Europea habla de Elon Musk pero no hace nada ante las amenazas a la democracia en Europa? se pregunta la eurodiputada holandesa.

El problema con las víctimas

La ponente del documento subraya también la situación en la que se ha dejado a las víctimas de este espionaje, que son las que deben presentar todas las pruebas, sin que se les facilite información. "Los gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés. Si les das poderes especiales para cosas especiales, siguen teniendo que rendir cuentas. Me parece preocupante que estas herramientas las usen los gobiernos sin rendir cuentas. Las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente".

Espionaje marroquí, sin confirmar

También se hace referencia al hecho de que se cree mayoritariamente que tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habrían sido espiados por las autoridades marroquíes. También se señala que pudiera haberse visto en situación similar el presidente francés, Emmanuel Macron. Pero se subraya que "esta información no ha sido confirmada".

Pendiente de votación

El documento presentado es un informe preliminar que debe ser votado en la comisión parlamentaria y posteriormente en sesión plenaria. Por el momento, desde las filas socialistas, populares y de Ciudadanos, parece que presentarán enmiendas para modificar el texto final.

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