Un informe elaborado por Democracy Reporting Internacional (DRI) el pasado día 19 de septiembre, realizado en colaboración con la Red Europea de Implementación (EIN), muestra que, a 1 de enero de 2024, los Estados miembro de la UE tenían 624 sentencias importantes del TEDH pendientes de ejecución. Según publica el informe, supone un ligero aumento respecto a las cifras recabadas en el año 2022, donde eran 616 y en 2021, donde eran 602.
El informe, que puede consultarse íntegramente pulsando aquí, identifica, por primera vez, el incumplimiento de las sentencias del TEDH, que identifican por primera vez las violaciones de los derechos humanos en un país y pone de manifiesto problemas sistémicos o estructurales que requieren reformas integrales para abordarlos.
El estudio concluye que, solamente alrededor de la mitad de las 201 sentencias del TJUE relacionadas con el Estado de derecho dictadas en los últimos cinco años han sido cumplidas en su totalidad. De las 101 examinadas, se señala a 71 casos en los que no se han cumplido o se han cumplido parcialmente. Más del 60% llevarían dos años o más pendientes de su ejecución.
El podium de países que incumplen las sentencias lo ocupan en este estudio Rumanía y Hungría. Concretamente, en el año 2023, casi el 76% de las sentencias más destacadas del TEDH, siguen pendientes de ser aplicadas en Hungría. Rumanía tiene 115 sentencias pendientes de implementación y cumplimiento.
Pero no son casos aislados. Solamente encabezan este lamentable ranking. Porque en todos los Estados miembro, el 44% de las principales sentencias del TEDH no se aplican de manera plena.
Los gobiernos tienden a seguir lo que determinan las sentencias del TJUE, pero en la práctica, tampoco las desarrollan en su totalidad en la mayoría de los casos. En Rumanía y en Hungría vuelven a estar en lo alto del listado, porque suelen tardar más de dos años en tener en cuenta estas sentencias. Rumanía cumple parcialmente el 83,3% y Hungría el 52,6%.
Propuestas del informe
El informe presenta una serie de recomendaciones, e insta a la UE a intensificar y financiar los esfuerzos para impulsar la ejecución de las sentencias de los tribunales europeos: tanto el TJUE como el TEDH.
Además, también se señala a la Comisión Europea para que preste apoyo a estas iniciativas. Sobre todo para que respalde iniciativas de la sociedad civil y del Consejo de Europa para garantizar que las sentencias sean cumplidas en su totalidad en los distintos Estados miembro.