La investigación abierta sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en Palma avanza y esta semana se ha producido la detención de 17 personas presuntamente implicadas.
El caso abierto persigue la presunta comisión de delitos de explotación sexual en los que se habría abusado de niñas menores de edad que estaban tuteladas en centros especiales donde se debía cuidar de ellas.
Contactaban con las menores a través de internet
Esta semana se ha ordenado la detención de 14 personas: diez hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre 21 y 65 años, que eran los encargados de contactar con las menores mediante páginas web de contactos sexuales a cambio de dinero.
No se descartan nuevas detenciones a medida que vaya conociéndose más información sobre este caso, que abre vías de investigación que señalan también a instituciones públicas dentro del ámbito de servicios sociales.
La gravedad de los hechos, de confirmarse, es de tal dimensión, que la batalla política ha trascendido al Parlamento Balear, gobernado en estos momentos por la formación morada. La derecha y la ultraderecha están acusando al Gobierno Balear por la responsabilidad ante la falta de cuidado hacia estas menores.
Sin embargo, desde la formación morada, así como desde las formaciones de izquierda, se señala a que estos hechos habrían salido a la luz a principios del pasado año 2020, pero que podrían venir desarrollándose desde tiempo atrás, por lo que la depuración de responsabilidades políticas podría afectar a otras formaciones políticas que eran las responsables en ese momento de haber establecido las medidas de control pertinentes.
Fue precisamente la directora insular de Infancia y Familia del Consell de Mallorca, de Unidas Podemos, Magdalena Gelabert, quien en marzo de 2016 declaró enla Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil que había indicios de casos de explotación de menores en Mallorca que se remontaban al año 2011, o incluso a tiempo atrás. No fue hasta 2015 que se puso el foco en este asunto y comenzó a investigarse, tal y como señaló la propia Directora.
Las investigaciones abiertas a nivel político e institucional concluyeron en su informe de 2021 que los 16 casos eran "aislados" sin admitir que se hubiera producido ningún fallo en el sistema.
El fiscal archivó el asunto
El propio fiscal superior de las Islas Baleares, Bartomeu Barceló coincidió en que no había una red organizada ni dirigida por los educadores del IMAS, pero sí reconoció también que, de la investigación podía concluirse que se trataba de casos aislados, en la misma línea que el informe institucional. Finalmente el caso terminó siendo archivado por la fiscalía.
Según ha publicado Público, sus fuentes consultadas afirman que este asunto se intenta tapar porque salpica a todas las equipos de Gobierno. Tanto a los anteriores como al actual.