Junts per Catalunya acaba de anunciar la retirada de la proposición de ley (PNL) del Congreso de los Diputados en la que pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.
El Secretario General de la formación de Junts, Jordi Turull, acompañado de los vicepresidentes del partido, Miriam Nogueras, Antoni Castellá, Mónica Sales y Josep Rius, de la Secretaria de Organización, Judith Toronjo, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.
Una decisión que se ha tomado después de seguir la recomendación del mediador que interlocuta entre Junts y el PSOE desde hace meses, en el proceso de acuerdos entra las formaciones. Un paso que supondrá la llegada a otros acuerdos en los próximos días, según señalan desde ElNacional.cat
El viernes pasado se produjo una nueva reunión en Suiza, y durante el fin de semana, se ha dado a conocer la recomendación de Francisco Galindo, que precisamente instaba a Junts a retirar la petición de la moción de censura.
Turull se ha manifestado convencido de que durante las próximas semanas se producirán "movimientos" y estas negociaciones "darán frutos". Y en este sentido ha señalado que desde Junts, quieren "abordar el reconocimiento internacional, el derecho a la autodeterminación y el procés". Unos pasos que se darán sobre la base de "descriminalización del conflicto" a través de la "amnistía".
Mañana, en Consejo de Ministros
Está previsto que el PSOE ejecute mañana martes, mediante decisión en el Consejo de Ministros, la aprobación de la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los Altos Tribunales de los Estados miembros firmantes, solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que emita opiniones sobre cuestiones de principios ante la aplicación de derechos y libertades definidos en el Convenio o en sus Protocolos.
Las opiniones que emita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán orientativas y no vinculantes.
Se trata de un mecanismo diferente al de la cuestión prejudicial, que está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que establece la competencia del Tribunal de Justicia de la UE para pronunciarse, de manera prejudiical, sobre la interpretación del derecho de la Unión y sobre actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la propia UE. Y en este caso, además, la decisión sí es vinculante.