En una decisión que acentúa la controversia sobre la protección de datos en Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito autorizó este martes al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)—creado por el presidente Donald Trump y dirigido inicialmente por Elon Musk—a acceder a información sensible de millones de estadounidenses almacenada en agencias claves como el Departamento del Tesoro, Educación y la Oficina de Gestión de Personal.
El fallo, adoptado por dos votos contra uno, revoca la suspensión temporal dictada por un tribunal de Maryland y da vía libre a DOGE en su misión de revisar y reducir burocracia y gasto público.
El equipo DOGE, que no constituye un departamento formal del gobierno, coordina desde enero recortes de plantilla y presupuesto en numerosos organismos federales. Pese a los litigios presentados por sindicatos como la Federación Americana de Maestros y la Federación Nacional de Empleados Federales, el tribunal considera improbable que prosperen las demandas por posible vulneración de la ley federal de privacidad al compartir datos como números de la Seguridad Social y estatus de ciudadanía.
El propio Supremo respaldó en junio el acceso de DOGE, incluyendo registros confidenciales de la Seguridad Social, pese al desacuerdo de los tres jueces liberales, que advierten de “graves riesgos para la privacidad de millones de estadounidenses”. La administración Trump, por su parte, argumenta que la iniciativa es esencial para identificar fraudes y optimizar el uso de fondos públicos, mientras que sus detractores la califican de “expedición de pesca” sin justificación específica, poniendo en peligro la protección de datos personales.
La polémica se amplificó por la dimisión de Elon Musk al frente de DOGE tras desacuerdos públicos con Trump, y por las implicaciones de un control masivo de bases de datos federales en un contexto de creciente preocupación internacional por el uso y la seguridad de la información personal. Organizaciones de derechos civiles y de protección de datos advierten sobre el precedente que puede sentar esta decisión para el futuro de la transparencia y la privacidad en la administración pública estadounidense.
El fallo que se ha dado a conocer esta semana no es definitivo, ya que el caso sigue pendiente de resolución sobre el fondo. Sin embargo, marca una nueva etapa en la pugna por el equilibrio entre eficiencia estatal y garantías a la ciudadanía, en una jurisdicción que sigue siendo referente mundial en materia de derechos y libertades digitales.