Unanimidad con un voto particular que no cambia el sentido unánime de la decisión. Ese es el resultado de la deliberación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el archivo de la querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado en la que acusaba de prevaricación al titular del Juzgado 41.
Según el TSJM, "sea acertada o no la fórmula elegida por el juez, no quiso interrogar al Presidente por sus actos como institución, sino al esposo de la querellada".
Desde un principio, importantes juristas de España, incluso los alineados con la teoría de la conspiración monclovita, afirmaron que la querella de Sánchez no iba a tener mucho recorrido.
Sin embargo, más allá de los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, la cuestión es que Sánchez se ha enfrentado a la realidad de la Justicia en España, una realidad que nada tiene que ver con el lawfare pero que es muy grave.
Hay un principio que define muy bien lo que sucede en la Justicia española: «perro no come perro». Esta idea, que ya aparece recogida en las crónicas romanas (canis caninam non est), hace referencia al hecho de que los miembros de un determinado gremio evitan conflictos entre ellos o, directamente, actuar contra ellos. Es lo que se ha dado en llamar corporativismo, algo que los jueces españoles manejan como perfectos profesionales de la materia.
El problema está en que, cuando nos referimos al ámbito de la Justicia, las violaciones de la ley que presuntamente perpetran sus profesionales, es decir, tanto jueces como fiscales, no pagan el precio indicado en el ordenamiento jurídico, sino que pasan al sueño de los justos gracias a la impunidad del sistema de corporativismo cruel que han implantado. «Perro no come perro» o «juez no investiga a juez». Esto, en cierta medida, entraría dentro de la categoría de corrupción judicial, puesto que, a pesar de la existencia de evidencias o indicios de la comisión de delitos por parte de togados con puñetas, es precisamente el poder judicial el que lo frena prácticamente todo.
Hay casos, evidentemente, en los que sí que se ha actuado, pero porque existían otros intereses superiores de distinta índole por la que se actuó contra determinados jueces, y con razón. En esos casos sí que se actuó con diligencia y se infligieron distinto tipo de penas, principalmente en el orden de la inhabilitación.