El sistema sanitario español se encuentra al borde del colapso. Cualquier usuario que necesite pedir cita para vacunarse de la gripe estos días probablemente nadie le coja el teléfono en su centro salud. Además, las listas de espera se eternizan. Operaciones aparentemente sencillas se aplazan hasta finales de 2022 y muchos enfermos crónicos viven con miedo, ya que saben que si empeoran de su dolencia lo más probable es que no le atiendan. Son las consecuencias de la pandemia de ómicron. El Gobierno español ha optado ya por que la población alcance la inmunidad de rebaño de forma natural, es decir, mediante contagios masivos y transmisiones comunitarias. El personal sanitario está desbordado (llevan meses trabajando a destajo y en condiciones infrahumanas) las bajas de las enfermeras contagiadas no se suplen y ya se baraja llamar a filas al personal jubilado.
Todo el sistema sanitario se desmorona mientras se comprueba la grave irresponsabilidad de dejar que una pandemia se extienda sin control. Se ha propagado la idea de que ómicron es poco menos que un catarro, y así es en la mayoría de los casos. Pero en otros muchos genera complicaciones al paciente, secuelas de por vida (conocidas como covid persistente) y en no pocos casos la muerte. Ningún país puede ni debe esconder la cabeza debajo del ala ante esta situación no ya de pandemia, sino de endemia, es decir, de enfermedad arraigada de forma permanente. Pero si las consecuencias sanitarias de la banalización de la plaga son nefastas, peores aún son los efectos que la pandemia descontrolada tiene en nuestro sistema sanitario de salud. Hospitales colapsados, centros de salud desbordados, enfermos sin atender. Un auténtico caos para una sociedad moderna y avanzada.
Especialmente grave es la situación en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, que están empezando a sufrir un colapso. La atención telefónica es casi imposible, y en algunos centros ya han anunciado la suspensión de toda la atención no urgente hasta el próximo 15 de enero. “Esta es una situación que se está produciendo en todas las capitales de provincia de España. Bilbao, Coruña o Castellón la situación es igual en todas partes. Donde hay más incidencia se agudiza”, asegura Rosa Cuadrado responsable de Acción Sindical Pública de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). Navarra, por ejemplo, registra más de 5.600 casos por 100.000 habitantes.
Los sindicatos han lanzado un mensaje de SOS ante este negro panorama. El Sindicato de Enfermería Satse denuncia que 2021 ha traído solo incumplimientos por parte de las administraciones públicos y algunos partidos políticos a pesar de que seguimos sufriendo la pandemia del covid-19 y la situación de nuestro sistema sanitario y sus profesionales ha ido agravándose con el paso de los meses hasta llegar de nuevo a encontrarse en un “callejón sin salida”.
En su balance de lo acontecido en el año a punto de finalizar, Satse subraya que 2020, el año de los “aplausos, reconocimientos y grandes promesas” ha dejado paso al año de la “inacción, desinterés y graves incumplimientos” por parte de las administraciones y partidos políticos que vuelven a dejar a nuestro sistema sanitario en una situación crítica de sobrecarga, saturación y tensión asistencial que perjudica de igual manera a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en su conjunto.
Doce son los principales incumplimientos que Satse considera que se han producido en 2021, entre los que destaca que el conjunto de administraciones públicas no está destinando los recursos y medios necesarios para poder atender y cuidar a los pacientes y el conjunto de la ciudadanía con las suficientes garantías de salud y seguridad. Tanto el porcentaje del PIB que se dedica en nuestro país a Sanidad, y que no supera el 6 por ciento, cuando la media europea está en torno al 10 por ciento, como las partidas incluidas en todos los presupuestos autonómicos constatan que se sigue sin priorizar la salud y seguridad asistencial, apunta.
Otro claro ejemplo es el bloqueo que sufre la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente desde hace más de un año y que demuestra también que “de los aplausos ensordecedores durante semanas hemos pasado al silencio cobarde y cómplice de unos representantes públicos que finalmente priman intereses políticos, partidistas y económicos en lugar de la salud y seguridad de más de 47 millones de personas”, remarca.
Asimismo, lejos de reforzar las plantillas de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas como se necesita en todos los servicios de salud, se dejaron de renovar los contratos realizados al principio de la pandemia y que, en todo caso, resultaban también insuficientes, mientras que el compromiso de acabar con la temporalidad en el sector si se quiere recibir ayudas europeas, sigue pendiente de una norma estatal que aun no se ha aprobado y que ha provocado la paralización y bloqueo de OPEs autonómicas.
Propiciar el retorno de los profesionales sanitarios que se vieron obligados a emigrar a otros países, así como aumentar la oferta formativa del Grado de Enfermería en las universidades tampoco se han cumplido, al igual que acabar con la discriminación existente entre unos profesionales y otros, en función de la autonomía en la que trabajan, en aspectos como la jornada laboral o el solape de jornada.
Tampoco se ha producido el reconocimiento retributivo que los profesionales sanitarios se merecen en base al esfuerzo, dedicación y compromiso demostrado en la lucha contra la pandemia ni se han implementado las medidas necesarias para ayudar a todos aquellos que han visto seriamente afectada su salud mental por su lucha incansable contra la pandemia. Otro “no” de gestores y políticos ha sido el propiciar que el personal sanitario, especialmente las enfermeras y enfermeros, participen de manera activa en los ámbitos de toma de decisiones para evitar errores en futuras olas de la pandemia u otras crisis sanitarias, concluye Satse.