La Comisión Europea ha presentado hoy, martes 4 de julio, una propuesta legislativa para la armonización de algunos aspectos fundamentales en las normas procesales a nivel de los Estados miembro, con el objetivo de acelerar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.
El Consejo Europeo de Protección de datos solicitó, a través de su presidente, que se llevase a cabo una armonización, una puesta en común, ante las discrepancias que estaban surgiendo en el marco legal de los distintos territorios europeos que impedían una cooperación fluida entre los reguladores de la protección de datos.
El proyecto de ley presentado por la Comisión Europea aborda las quejas presentadas por supuestas vulneraciones que se vienen produciendo en la protección de datos, en los derechos procesales de las partes investigadas, así como la necesidad de establecer cooperación entre las autoridades ante la resolución de discrepancias.
"Podemos facilitar aún más los procedimientos transfronterizos entre las autoridades que se encargan de la protección de datos. Queremos asegurar que las decisiones se puedan tomar de manera más rápida. Sobre todo, también, en casos más complejos. Estas decisiones impactan directamente en los derechos de la ciudadanía, por ello la urgencia en abordarlas" ha señalado Didier Reynders, comisario de Justicia.
La Comisión Europea tiene la voluntad de que las denuncias que sean presentadas dispongan de un formulario estándar. Se prevé la propuesta a los denunciantes para que se les impondrán plazos por el tiempo limitado que pueden contribuir a sus propios casos, aunque se establezcan plazos generales para las resoluciones más habituales. Así lo ha explicado a EURACTIV Estelle Massé, desde Access Now.
El proyecto de ley ofrece a los denunciantes el derecho a ser escuchados en caso de que la denuncia haya sido rechazada, de manera total o parcial. El denunciante podría solicitar en este caso el acceso a los documentos que no sean confidenciales en los que se fundamentaron las autoridades para rechazar su demanda, señala Euractiv. El acceso a esta información solamente podrá ser utilizado para actuaciones judiciales y administrativas: el investigado, por su parte, podrá solicitar medidas de protección si acredita que la información es comercialmente sensible.
El proyecto también considera exigible que los organismos de control de la privacidad que lideren un caso, tomen todas las medidas necesarias para llegar a un consenso con las demás autoridades involucradas.