Dos peritos de la Agencia Tributaria han afirmado durante la sesión del juicio celebrada esta mañana que la formación política (el Partido Popular) no tenía la obligación de declarar a Hacienda las donaciones que aparecieran anotadas en los papeles de Bárcenas, o sea, donaciones en B.
Estos funcionarios han comparecido ante el juez por segundo día consecutivo para explicar sus conclusiones tras estudiar el caso de presunta financiación ilegal del Partido Popular. Concretamente, tenían que analizar si el PP había cometido un delito respecto al Impuesto de Sociedades en el ejercicio del año 2008.
Ante la pregunta planteada por el Fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, sobre los informes elaborados en 2013 y 2014 donde afirmaban estos peritos que el PP no tenía que declarar las donaciones que aparecían en las anotaciones de Bárcenas, porque la Ley de financiación de partidos políticos de 2007 declara exentas todas las aportaciones que se destinen a los fines propios del partido.
El inspector de Hacienda ha explicado que en 2008, el ejercicio analizado, era el primer año de aplicación de esta ley, ha hecho hincapié en el tenor literal de la redacción de la ley.
Después de los informes elaborados, el juez Ruz solicitó que se hicieran los cálculos para saber cuánto tenía que haber tributado el PP por esas donaciones, una petición que, de entrada fue rechazada por la que fuera jefa de la Oficina Antifraude Margarita García Valdecasas, que ha explicado al tribunal que se negó porque no tenía intención de contradecir lo señalado en los informes elaborados por los inspectores de Hacienda. El juez Ruz tuvo que solicitarlo de nuevo, a otro funcionario distinto, que calculó que el PP habría dejado de pagar 220.000 euros aproximadamente por los impuestos.
Es de señalar que los cálculos y las referencias, según se ha hecho hincapié, tendrían lugar en caso de demostrarse los pagos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas.
Ante las preguntas realizadas por la acusación popular, entre las que se encontraba querer saber si el pago de obras de rehabilitación de la sede entra en consideración de fines propios del partido, el inspector ha afirmado que sí, que se trataría de uno de los fines de una formación política, por lo que no habría que declararlo. El juez ha señalado a la acusación que aquí lo que se está analizando es el dinero que habría salido de la caja, "no el que habría entrado".
El perito Perez Royo ha tildado de "disparate" la teoría de los inspectores de Hacienda
En la intervención del perito Fernando Pérez Royo se ha puesto de manifiesto que la postura mantenida por los inspectores de Hacienda es un "disparate", puesto que no permite diferenciar entre las "donaciones legales y las ilegales". "Entra en contradicción con el sentido común y con la forma de aplicar las normas", señalando que la caja B del PP se nutría de "aportaciones clandestinas, de donaciones turbias", según ha recogido Europapress.