El caso Delcygate va camino de quedar en nada. Un nuevo montaje de las derechas que se va al garete, una nueva teoría de la conspiración “trumpista” que está a punto de ser reducida a papel mojado. Por refrescar de qué va el tedioso asunto (y sin ánimo de aburrir al ocupado lector) recuérdese que los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando el avión de la vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo una breve escala en Barajas antes de proseguir su ruta hacia Turquía. Al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se le ocurrió salir a recibir a su homóloga bolivariana para informarla de que no podía entrar en territorio español debido a la sanción de la UE contra Venezuela por graves violaciones de los derechos humanos. Y las derechas vieron el monte abierto para iniciar una nueva y ciega caza de brujas.
El caso llenó portadas en los periódicos de la Brunete mediática y dio paso a horas de comparecencias y sesiones parlamentarias tan insufribles como inútiles, ya que desde el principio se vio que el expediente no daba para más por mucho que Pablo Casado se empeñaba en estirar el culebrón venezolano. Ábalos siempre dejó claro que su entrevista con Rodríguez obedecía a una mínima relación de cortesía diplomática entre dos países amigos y nada tenía que ver con una conspiración revolucionaria para implantar el chavismo bolivariano en España. Sin embargo, PP, Vox y Ciudadanos abrieron la veda contra Moncloa para acabar con el ministro a cualquier precio y de paso pedir la dimisión de Pedro Sánchez por encubrimiento. Todavía hoy Santiago Abascal, líder voxista, se esfuerza en mantener que hubo intenciones oscuras y delictivas en aquella reunión en el aeropuerto madrileño. La pasada semana, sin ir más lejos, el jefe ultraderechista aprovechó para insinuar que el Gobierno Sánchez apoya a las narcodictaduras latinoamericanas al insinuar, durante el debate de moción de censura, que “esos criminales sólo mandan maletas para corromper a políticos y no para financiar la deuda”, en alusión directa a la polémica escala de Delcy Rodríguez en Barajas.
Nueve meses después nadie se acuerda de aquello, el asunto está más que amortizado y ni siquiera Inda escribe de ello porque ya no vende periódicos. La polvareda mediática va camino de diluirse como un azucarillo después de que la Fiscalía del Supremo haya pedido que se inadmitan las querellas contra Ábalos. En su informe, el Ministerio Público interesa el archivo de la causa porque no existen “indicios suficientes” de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación ni de la participación del ministro de Transportes. Nada de lo que decían las derechas ha sido probado, como no podía ser de otra manera en una historia tan delirante.
Para la Fiscalía, las acusaciones estaban basadas “exclusivamente” en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador del aeropuerto que “ni siquiera especifica su puesto de trabajo”. Se trata del vigilante de seguridad privada que supuestamente presenció la reunión y que asegura que Rodríguez “pisó suelo Schengen”, introduciendo “dos carros de maletas en España”. Además, el fiscal reprocha a los querellantes que no hayan precisado “mínimamente” la presunta participación de Ábalos en los hechos imputados. “Al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan, desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma”, afea el Ministerio Público a los abogados de PP y Vox.
Es evidente, porque así lo dice la Fiscalía, que Ábalos no cometió ninguna resolución “injusta y arbitraria” de la que pueda deducirse un delito de prevaricación. “De las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad”, afirma el fiscal sin perjuicio del resultado de las investigaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid.
Todo lo cual nos lleva a dos conclusiones principales: por un lado que los abogados de las derechas españolas ni siquiera se preparan mínimamente las querellas cuando recurren a la Justicia con sus novelas negras propias de la factoría Netflix. Si lo hicieran, a buen seguro se evitarían ridículos judiciales espantosos como el que nos ocupa y otros anteriores, véase esa infame causa general contra el feminismo y la manifestación del 8M, a la que PP y Vox señalaron en su día como gran supercontagiadora de la pandemia de coronavirus en España. Y en segundo lugar, y lo que es todavía más importante, la decisión de la Fiscalía viene a confirmar que el Delcygate no ha sido sino un inmenso bulo, una mala película de espías burdamente rodada y distribuida por los productores Casado y Abascal −los hermanos Warner de la ficción en que se ha convertido la política española−, con la intención de erosionar al Gobierno de coalición. Un montaje de vodevil en el que ni siquiera ellos creían, como confirman las fianzas de 40.000 euros para el PP, 20.000 para Vox y 5.000 para Laócratas solicitadas por el juez para formalizar las acusaciones particulares en el sumario. El partido de Santiago Abascal ha consignado la suya, por lo que ya es parte en el procedimiento, pero los otros dos querellantes han recurrido las suyas ante la Audiencia Provincial por considerarlas excesivas. Cómico y esperpéntico, como todo lo que rodeó el caso Delcygate. Un asunto que dio para un par de titulares en su día y poco más y que es el ejemplo paradigmático perfecto de la “política tóxica” con la que las derechas hacen perder el tiempo a los españoles.