La Fiscalía de la región de Aragón ha presentado su postura sobre el pasaporte Covid que ha sido puesto en marcha hace unos días. Su postura es clara y contundente: se muestra a favor de la suspensión de la misma alegando que se ha tomado esta decisión sin pasar previamente por vía judicial (que debería ratificarlo), y por la vulneración de derechos fundamentales.
Según el fiscal, la limitación de derechos fundamentales a ciudadanía en general, sin que sea una medida específica para ciudadanos concretos es una de las razones por las que considera que debe ponerse en suspenso. Las medidas, según el fiscal "no pueden desplegar efectos ni son aplicables por cuanto la autorización es condición de eficacia, de modo que requieren de la intervención y control jurisdiccional previo en garantía de los derechos fundamentales de sus destinatarios".
Las medidas, según señala el fiscal, "apuntan de manera indiscriminada" a toda la Comunidad, sin considerar la diferente incidencia de la pandemia sobre las distintas provincias, ciudades, comarcas o municipios. Además, censura el ámbito temporal establecido, que según la norma sería "hasta que el Gobierno de España declare la finalización de la crisis sanitaria". Algo, que el fiscal considera "relativamente extenso".
Es precisamente por la falta de marco temporal por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha bloqueado el pasaporte covid en esta autonomía.
Está pendiente aún la sentencia que dicte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al respecto, una vez escuchado al Gobierno regional y a la Fiscalía.