Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía desde su privatización en octubre del año 2022, por el Ayuntamiento de Madrid, al mando del cual se encuentra el inefable alcalde, José Luis Martínez Almeida, se enfrentan a una situación crítica. Un año después es incomprensible la decisión del Gobierno municipal del PP de dejar en manos de la empresa privada un gran número de las gestiones que se realizan, salvo la gestión del padrón, registro e identificación electrónica, que continúan siendo prestadas por personal funcionario por imperativo legal.
Línea Madrid
El servicio ha llegado a unos niveles de deterioro nunca vistos hasta ahora, si bien este no obedece a un único factor. A la privatización de una parte del servicio se une el constante deterioro de las condiciones de trabajo de la plantilla municipal, lo que ha provocado una situación insostenible que ha terminado con la paciencia de la plantilla, que ha optado por abandonar un servicio en el que no se les valora, se les maltrata y en el que se pisotea diariamente sus derechos laborales.
El número de vacantes desde la privatización bate récords semana tras semana. La marcha de funcionarios y funcionarias hacia otros destinos, que en un principio se suplía con nuevo personal que accedía mediante concursos, ahora no se produce y lo que comenzó de manera esporádica y puntual se ha convertido en una auténtica diáspora que no deja de crecer. Nadie quiere trabajar en estas circunstancias, la mala fama del servicio en cuanto a condiciones laborales ha corrido como la pólvora.
Desastre en la atención al público
Los datos hablan por sí solos: cese de 112 interinos e interinas, 71 vacantes, 16 interinos e interinas cuya permanencia en el servicio es de 9 meses salvo alguna excepción y que por tanto no solucionan el problema y 6 puestos amortizados. Si se mantiene el ritmo actual, es muy probable que en breve se alcancen las 100 vacantes en la plantilla. La necesidad de personal por tanto es urgente.
No le ha importado al Gobierno municipal que el personal funcionario no pudiera hacer frente a la demanda, que se eliminara la cita para la casi totalidad de gestiones, dando lugar al aumento de los tiempos de espera para ser atendidos o conseguir cita, que el personal incorporado de la empresa externa no supliera la cantidad de personal cesado, interinos en su totalidad, ni quiera en un 50%. En definitiva, se pretende asumir una gestión que, con la falta de recursos estructurales, materiales y humanos, es imposible de asumir.
Por si esto fuera poco, la empresa NTT Data no debe estar obteniendo los beneficios económicos que esperaba, así que el Gobierno municipal se ha puesto manos a la obra para solucionar el problema, teniendo la genial idea de arrebatar tareas al personal funcionario para dárselas a la empresa privada, llegando a la sorprendente situación que se vive hoy, en el que un trabajo realizado y revisado por funcionarios y funcionarias ahora es supervisado por una empresa privada. Para ello han creado un nuevo servicio llamado “Contraste de datos”.
Almeida desprecia a los madrileños
Este comportamiento dice bastante de la concepción de un Gobierno municipal que desprecia lo público y antepone su propio beneficio o el de terceros afines, duplicando tareas de manera innecesaria con el coste económico que implica para todos los madrileños y madrileñas.
Además de todo este gasto innecesario, la ciudadanía de Madrid ha sufrido en sus propias carnes este caos, y hartos de no poder empadronarse, de no encontrar cita y de esperas interminables en las oficinas, denunciaron ante el Defensor del Pueblo los atropellos que han estado sufriendo.
CCOO ha puesto sobre la mesa diversas propuestas encaminadas a solucionar todos estos problemas, que consisten en el incremento de plantilla y la mejora de sus condiciones laborales, y por supuesto, que el servicio sea llevado únicamente por personal funcionario, únicos capaces de ofrecer una atención integral en las Oficinas. La Corporación mientras reconoce la necesidad de tomar medidas que resuelvan los problemas, lleva meses haciendo oídos sordos a estas propuestas.
Llegados a este punto, la plantilla ha decidido en asamblea convocar movilizaciones e iniciar una campaña de información a la ciudadanía, si en las próximas semanas no se inicia una negociación que mejore la calidad del servicio y las condiciones laborales de la plantilla.