“PP y Ciudadanos quieren una ley a su medida ideológica aunque suponga una gestión irresponsable de las arcas públicas”, apunta Escuelas de Calor, impulsora de la iniciativaTanto Adelante Andalucía como Escuelas de calor han mostrado su oposición a una posible “desnaturalización” del proyecto original, enfocado exclusivamente hacia la red pública de centros educativos. “Adelante Andalucía permanecerá en guardia durante el trámite parlamentario para que la ley no se desnaturalice y se ponga al servicio de empresas privadas”, apunta García.También las ampas de Escuelas de Calor han hecho llegar su descontento con el nuevo cariz que está tomando esta iniciativa en manos del PP y Ciudadanos, que además ahora se prolongará de nuevo con meses de comparecencias, enmiendas y comisiones parlamentarias cuando podría haberse resuelto mediante la lectura única del proyecto ya aprobado en la anterior legislatura por la mayoría de la Cámara autonómica.“Cuanto más se mejore la educación privada concertada, más competitiva será, más segregación generará entre el alumnado y más huida habrá hacia la privada desde una educación pública devaluada a base de privación de recursos y peores infraestructuras”, señala Escuelas de Calor a través de un comunicado. “PP y Ciudadanos quieren sus enmiendas y quieren una ley a su medida ideológica aunque suponga una gestión irresponsable de las arcas públicas”, añaden los primeros impulsores de este proyecto para una adecuada bioclimatización de los centros escolares públicos en Andalucía.El portavoz del Ejecutivo andaluz ha prometido “hablar con todos, no hay cordón sanitario con nadie, tenemos voluntad de pactar con todos”, señala Bendodo, consciente de que incluir en las cuentas públicas las necesidades bioclimáticas de los casi 600 colegios privados concertados de Andalucía supondrán un notable incremento presupuestario para este proyecto.
La Junta de Andalucía pagará con fondos públicos la climatización de 600 colegios privados concertados
12
de Abril
de
2019
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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El Gobierno de Andalucía, formado por la coalición de Partido Popular y Ciudadanos, financiará también con fondos públicos la bioclimatización de los colegios privados concertados de la comunidad, casi 600 en la actualidad, pese a que el proyecto de ley que recibió el visto bueno de la mayoría parlamentaria durante la anterior legislatura se ceñía exclusivamente a los más de 6.000 centros educativos públicos existentes en Andalucía.Durante el anterior mandato de la socialista Susana Díaz, fue precisamente el PSOE la única formación que votó en contra de este proyecto impulsado por Podemos y respaldado por Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos. Sólo el adelanto electoral decidido por Susana Díaz impidió que la mayoría de la Cámara autonómica aprobara a finales del pasado año la novedosa y pionera ley avalada por los expertos en bioclimatización de instalaciones y centros, un proyecto al que el PSOE de Susana Díaz mostró una férrea oposición frontal desde el inicio del proyecto, gestado por la comunidad educativa de las Ampas agrupadas en Escuelas de calor y registrado como proyecto de ley por Podemos en el verano de 2017.Ahora, el Gobierno de Juanma Moreno ha dado su visto bueno tras el Consejo de Gobierno de este martes a la consideración de la proposición de ley “para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”, presentada por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía. Sólo en una frase pronunciada por el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, durante la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se pudo notar el matiz clave del asunto: el proyecto va dirigido a instalaciones educativas “sostenidas con fondos públicos”, lo que daría entrada a financiar con dinero público las necesidades de los casi 600 colegios privados que en la actualidad mantienen conciertos con la Junta de Andalucía, algo a lo que el principal impulsor de la iniciativa parlamentaria, Adelante Andalucía, se opone frontalmente. El portavoz adjunto de esta formación, José Ignacio García, rechaza que este proyecto “se ponga al servicio de empresas privadas”.
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